Facundo Javier Lemos lleva más de tres años detenido con prisión preventiva acusado de haber intentado matar a su entonces pareja, Sofía Tummo, en un episodio ocurrido el 28 de marzo de 2023 en un edificio ubicado en la esquina de avenida 44 y Diagonal 80 de La Plata.

La acusación sostiene que la joven fue arrojada desde un balcón y que el hecho debe ser encuadrado como tentativa de homicidio agravado por el vínculo y por haber sido cometido en un contexto de violencia de género. Desde entonces, Lemos permanece alojado en una unidad penitenciaria bonaerense mientras espera la realización del juicio oral.

En los últimos días sufrió un nuevo revés judicial. El Tribunal Oral Criminal V de La Plata rechazó otra vez un pedido de morigeración de la prisión preventiva y descartó otorgarle arresto domiciliario. La jueza Carmen Palacios Arias entendió que continúan vigentes los riesgos procesales y resolvió mantener el encierro cautelar.

La decisión fue adoptada pese a que los informes incorporados al incidente resultaron favorables para el imputado. La pericia socioambiental concluyó que cuenta con un domicilio apto para cumplir una eventual detención domiciliaria, respaldo familiar y posibilidades concretas de inserción laboral junto a su padre.

A ello se suma que el informe psicológico indicó que no presenta indicadores de desborde impulsivo-agresivo como modalidad estable de funcionamiento y que conserva adecuadamente el juicio de realidad.

Sin embargo, la prisión preventiva continúa.

El documento que la defensa considera decisivo

En el centro de la controversia aparece un informe firmado por la médica forense Virginia Creimer.

El documento fue elaborado el 31 de marzo de 2023, apenas tres días después de la caída de Sofía Tummo. Allí se describen múltiples lesiones observadas mientras la joven permanecía internada en terapia intensiva del Hospital San Martín de La Plata.

Lo que genera cuestionamientos por parte de la defensa es una afirmación incluida en ese informe: que la paciente se encontraba inmersa en un "contexto de violencia de género".

Según la posición de los defensores, esa conclusión resulta controvertida porque al momento de realizarse el examen la joven permanecía sedada en terapia intensiva y no estaba en condiciones de prestar declaración.

Las mismas fuentes vinculadas al expediente señalan además que el informe refiere haber sido solicitado desde la Unidad de Terapia Intensiva, circunstancia que -afirman- no surgiría documentada dentro de las actuaciones judiciales.

Para la defensa, la incorporación de una categoría jurídica y criminológica como "violencia de género" dentro de un informe médico constituye uno de los aspectos más sensibles de la causa.

Fuentes del caso resaltaron a #BORDER que Creimer no está en la causa como perito sino como autora de un "informe médico" con sello de un hospital público, donde su consultora privada ocupa una oficina. El abogado Emiliano Obdulio Nuñez, que representa a Sofia Tummo, no la presentó como perito. Es un "informe" que aparece en la causa y se simula que es "del hospital". No es una pericia. No fue designada perito.

El planteo no es menor. La acusación que mantiene a Lemos detenido desde hace más de tres años incluye precisamente el agravante de violencia de género.

Las críticas a Virginia Creimer

Los cuestionamientos se potencian por la trayectoria reciente de la profesional. Una extensa investigación publicada por el diario Clarín repasó la actuación de Virginia Creimer en numerosos expedientes vinculados a presunta violencia institucional y concluyó que sus intervenciones dieron origen a lo que denominó "pericias militantes".

Según ese trabajo periodístico, distintas sentencias judiciales, abogados defensores y peritos oficiales formularon observaciones sobre la rigurosidad científica de varios de sus dictámenes.

La publicación menciona casos en los que Creimer sostuvo hipótesis de homicidios, torturas o desapariciones forzadas que posteriormente fueron descartadas por otros expertos o rechazadas por tribunales de juicio.

Entre los expedientes citados aparecen las investigaciones por las muertes de Sebastián Ponce de León, Leandro Bravo, Michel Suárez, Alejandro Martínez, Franco Casco, Carlos Orellano y Facundo Astudillo Castro.

En algunos de esos procesos los jueces cuestionaron la falta de respaldo científico de determinadas conclusiones. En otros, defensores particulares promovieron denuncias por presunto falso testimonio o solicitaron que se investigara la actuación de la profesional.

La investigación periodística también recoge testimonios de abogados y peritos que sostienen que Creimer suele arribar a conclusiones incompatibles con las alcanzadas por juntas oficiales, autopsias realizadas por organismos públicos o informes elaborados por otros especialistas.

Al mismo tiempo, el trabajo recuerda que también existen fallos judiciales que consideraron valiosas sus conclusiones y que en algunos procesos sus dictámenes fueron determinantes para sostener condenas.

Un juicio que todavía no llega

Mientras continúa la discusión sobre la validez y el alcance de las distintas pruebas incorporadas al expediente, la causa principal sigue sin llegar a debate oral.

La defensa de Lemos reclama desde hace tiempo la realización de una reconstrucción oficial del hecho con participación de todas las partes, una medida que considera fundamental para esclarecer qué ocurrió aquella madrugada de marzo de 2023.

La propia resolución que rechazó la domiciliaria señala que todavía restan medidas probatorias por producir.

Por ahora, ninguna de esas discusiones fue resuelta de manera definitiva por un tribunal de juicio.

Lo único concreto es que Facundo Lemos continúa detenido desde mayo de 2023, acusado de un delito gravísimo, mientras una parte central de la controversia gira alrededor de un informe elaborado por una perito cuya actuación viene siendo objeto de fuertes cuestionamientos en distintos expedientes judiciales del país.

Y es precisamente sobre ese documento donde la defensa concentra buena parte de sus objeciones, convencida de que allí se encuentra una de las claves de un proceso que, tres años después de iniciado, todavía espera una definición en juicio oral.