La investigación por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un capítulo decisivo con la declaración de Roger Edgar Grant, excoordinador de Gestión de Urgencias. En su testimonio, Grant reconoció que los contratos de adquisición de medicamentos estaban direccionados y que actuaba siguiendo instrucciones de Daniel María Garbellini, considerado el “número dos” del entonces director del organismo, Diego Spagnuolo.
Grant detalló que las compras se realizaban a través del sistema SIIPFIS, y que era Garbellini quien le ordenaba qué proveedores debían ser convocados y adjudicados. Según su relato, las órdenes eran precisas y buscaban favorecer a determinadas droguerías, dejando fuera de competencia a otras. Con esta confesión, se quebró el silencio que mantenían los imputados y se refuerza la hipótesis de un esquema sistemático de manipulación de contrataciones públicas, con posibles sobreprecios y desvío de fondos.
Nuevas líneas de investigación
La declaración no solo compromete a Garbellini, sino que también abre nuevas líneas de investigación sobre la cadena de responsabilidades dentro de la ANDIS. Los investigadores consideran que este testimonio puede convertirse en un punto de inflexión en la causa, ya que por primera vez un imputado admite explícitamente el direccionamiento de contratos y señala a otro funcionario como responsable directo.
El expediente, bajo la órbita del juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, ya había derivado en allanamientos y secuestro de documentación clave. Ahora, con la confesión de Grant, se refuerza la hipótesis de que existió un entramado de corrupción que involucraba a funcionarios de alto rango y que podría haber tenido conexiones políticas más amplias.
La causa ANDIS se ha convertido en un caso testigo sobre cómo las estructuras estatales pueden ser utilizadas para direccionar fondos públicos a través de contrataciones manipuladas. El impacto institucional es fuerte: se pone bajo la lupa la gestión de Spagnuolo, la estructura de compras del organismo y la falta de controles que permitieron que el esquema funcionara durante meses.
El giro en la investigación también tiene consecuencias políticas. La ANDIS, creada para garantizar derechos y asistencia a personas con discapacidad, aparece ahora vinculada a un escándalo que erosiona la confianza pública y pone nuevamente en debate la transparencia en la administración de programas sociales.
