A 18 años de uno de los crímenes más atroces de la historia de Tucumán, la presencia de Pablo Maximiliano Amín en las calles ha provocado conmoción y un profundo rechazo social. Amín, condenado a prisión perpetua por el brutal femicidio de su expareja, María Marta Arias, en 2007, obtuvo el beneficio de salidas transitorias y ya es visto con regularidad en la provincia.
El femicidio de Arias impactó a la sociedad por la brutalidad del hecho: Amín no solo la estranguló, sino que también desmembró su cuerpo y le arrancó los ojos. Por la ferocidad del crimen, Amín es catalogado como uno de los peores criminales de la historia judicial de la Provincia de Tucumán.
Los beneficios judiciales
A pesar de la gravedad de su delito, el condenado solicitó y obtuvo beneficios por haber cumplido parte de su pena y por presentar supuesta buena conducta durante su detención en el penal de Villa Urquiza.
Según la información, Amín consiguió el permiso para salir del penal dos veces al mes durante tres horas, bajo custodia. Este beneficio fue aprobado por la jueza de Ejecución Penal y ratificado por el Tribunal de Impugnación de Tucumán, a pesar de la oposición explícita del Ministerio Público Fiscal (MPF). Desde que el criminal comenzó a circular libremente, el caso reflotó en la opinión pública, generando un fuerte malestar en la comunidad tucumana.
El femicidio ocurrió la madrugada del 27 de octubre de 2007. Amín asesinó a María Marta Arias (23) en el hotel donde se alojaban. El personal del hotel lo encontró desnudo y en un aparente estado de delirio, arrastrando el cadáver de la joven por las escaleras.
Durante el juicio, la defensa intentó sin éxito alegar inimputabilidad por un supuesto brote de esquizofrenia paranoide. Sin embargo, las pericias psiquiátricas desestimaron la actuación, determinando que Amín sufría de trastorno de personalidad antisocial y una tendencia a la impulsividad. Finalmente, fue condenado a prisión perpetua por el delito de homicidio agravado por ensañamiento.
La decisión judicial de conceder salidas transitorias al femicida, cuya condena se basó en el ensañamiento y la brutalidad, reabre el debate sobre los criterios de ejecución penal y la seguridad de las víctimas de violencia de género y sus familias.
