Un hombre de unos 55 años fue encontrado sin vida en una de las habitaciones del Hotel La Aldea, en El Chaltén, establecimiento perteneciente a la familia Kirchner. Según confirmaron fuentes policiales, el individuo ocupaba el lugar de manera ilegal. La causa está a cargo del Juzgado de Instrucción de El Calafate, que ordenó la autopsia correspondiente para determinar con precisión las causas del fallecimiento.
El hallazgo se produjo el martes 21 de octubre, cuando vecinos del área, preocupados por la falta de noticias y respuestas del hombre, decidieron ingresar a la habitación y encontraron el cuerpo. Las primeras pericias de la Policía de El Chaltén indican que se habría tratado de un suicidio. Los investigadores detallaron que la víctima atravesaba un cuadro depresivo previo a su muerte.
El caso se desarrolla en medio de una situación judicial compleja, ya que el Hotel La Aldea está bajo investigación por una causa penal por usurpación. En las últimas semanas, unas 34 familias que residían ilegalmente en el complejo habían sido notificadas para abandonar el lugar tras una intimación judicial.
Según el último relevamiento ordenado por el juez Carlos Albarracín y presentado ante el juzgado por la Secretaría de Políticas Sociales de El Chaltén, actualmente viven allí 34 grupos familiares —unas 130 personas—, entre ellos alrededor de 30 niños, niñas y adolescentes, muchos de los cuales no están escolarizados. El informe advierte sobre “la gravedad de la situación” y fue incorporado al expediente judicial.
Desde el municipio señalaron que resulta “imposible reubicar a todos los grupos familiares” debido a la falta de infraestructura y a la emergencia habitacional que atraviesa la localidad desde hace varios años. La situación fue declarada como tal por el Concejo Deliberante en abril de 2022 y ratificada por la Cámara de Diputados provincial en agosto de 2024.
Tras el hallazgo del cuerpo y a pedido de la defensa de la expresidente Cristina Fernández de Kirchner, la Justicia dispuso el desalojo del hotel en un plazo de 60 días. Sin embargo, desde el municipio advirtieron que no cuentan con los recursos ni los espacios necesarios para brindar una solución habitacional alternativa a las familias afectadas.
