Uno de los acusados por supuesto desvío de fondos públicos del Plan Potenciar Trabajo ofreció pagar casi 88 millones de pesos para quedar afuera de la investigación y evitar el juicio.

Se trata de la misma causa en la que ya fue enviado a juicio el líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni. En ese marco, Leandro Kebleris hizo un ofrecimiento de reparación integral del daño hecho como supuesto partícipe necesario de las maniobras de desvío de fondos públicos, según publicó Infobae.

Está acusado de emitir dos facturas truchas para justificar gastos inexistentes con fondos públicos. Ahora, se supo que el juez federal Sebastián Casanello rechazó el intento de Kebleris de pagar 87.963.534 pesos para extinguir la acción penal.

Según la causa, se desempeñó como uno de los administradores de la empresa Coxtex S.A., utilizada para emitir facturación apócrifa presentada ante el entonces Ministerio de Desarrollo Social.

En octubre de 2021, la firma emitió dos facturas por $5.459.418 a favor de la Asociación Civil Polo Obrero y de la Cooperativa El Resplandor, que fueron rendidas como gastos del programa Potenciar Trabajo. Para la acusación, esos fondos habrían sido desviados hacia actividades de prensa, militancia y campaña electoral.

En noviembre pasado, luego de que la fiscalía y las querellas solicitaran la elevación a juicio de esta parte del caso, la defensa ofreció pagar la reparación integral. La propuesta contemplaba la transferencia inmediata de más de $14 millones ya embargados y el pago del saldo en doce cuotas mensuales con intereses.

La fiscalía, la Oficina Anticorrupción, el Ministerio de Capital Humano y la Unidad de Información Financiera, que actúan como querellantes, se opusieron al acuerdo.

Cassanello consideró que el accionar de Kleberis frustró la finalidad del programa social, orientado a “contribuir al mejoramiento de la empleabilidad y a la generación de propuestas productivas y educativas tendientes a lograr la inclusión social plena y la autonomía económica de personas en situación de alta vulnerabilidad”.

Y agregó que aceptar el pago ofrecido “implicaría comunicar que, independientemente del delito que se trate, incluso aquellos cometidos contra el propio Estado Nacional, quien tiene dinero puede poner fin al proceso penal a través del pago de una suma monetaria”.