El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) eligió a la abogada argentina María Eloísa Quintero para integrar la misión internacional encargada de investigar presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
La letrada ingresará junto a su colega canadiense Alex Neve, en reemplazo del chileno Francisco Cox Vial y de Patricia Tappatá Valdéz, otra argentina. La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela está conformada por tres integrantes, entre ellos, su presidente, la jurista portuguesa Marta Valiñas.
El organismo fue fundado el 27 de septiembre de 2019, mediante la resolución 42/25 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con el objetivo de analizar la posible comisión de violaciones a los derechos humanos desde 2014.
Según elDiarioAR, allí se entregaron denuncias de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y persecución política. De hecho, la misión advirtió en su último informe, presentado en septiembre, que la persecución en Venezuela se estaba "intensificando".
En el documento, se incorporaron nuevas pruebas sobre la represión posterior a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 y se manifestó que durante este año continuaron las acciones persecutorias por motivos políticos.
Quién es María Eloísa Quintero
De acuerdo a su biografía oficial de la ONU, Quintero es doctora en Derecho por la Universidad Austral licenciada en Derecho por la Universidad Nacional del Litoral. Posee más de 25 años de experiencia como docente e investigadora en distintos países de Latinoamérica como México, Guatemala, El Salvador, Honduras y Colombia.
También es especialista en la investigación de casos complejos. A lo largo de su carrera, lideró equipos técnicos y académicos dedicados al análisis multidisciplinario de graves violaciones de derechos humanos. Lo mismo hizo con investigaciones penales relacionadas con el crimen organizado, la corrupción, la desaparición forzada, la trata de personas, la migración y el lavado de activos, entre otros delitos.
Durante más de diez años, se desempeñó como investigadora principal del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) y, desde 2017 hasta su cierre, ocupó el puesto de jefa del Departamento de Investigación y Litigios de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
En ese último cargo, comandó más de sesenta investigaciones penales contra funcionarios públicos, redes políticas y económicas ilícitas, cuerpos ilegales y estructuras clandestinas de seguridad.
