Después de un extenso proceso de ocho años, Uruguay se convirtió en el primer país de América Latina en aprobar una ley que regula la eutanasia, también conocida como "muerte digna". La norma fue aprobada en el Parlamento con 20 votos a favor de 31, respaldada principalmente por el oficialismo y diversas fuerzas políticas.
La ley autoriza a personas que padecen enfermedades terminales, incurables e irreversibles a optar por una muerte asistida, siempre que manifiesten su voluntad de forma libre, expresa y reiterada. Este avance busca ofrecer una alternativa para quienes enfrentan graves sufrimientos, respetando su dignidad y autonomía.
El proceso
El proyecto fue impulsado por el Frente Amplio y el Partido Colorado, con apoyo transversal de senadores. Daniel Borbonet, senador del Frente Amplio, afirmó que "el proyecto no obliga a nadie a la eutanasia, sino que ofrece una alternativa que antes no existía, aliviando la angustia de quienes viven experiencias similares y otorgando mayor dignidad y libertad".
Por su parte, Ope Pasquet, exdiputado colorado, definió la ley como "bienhechora, liberal y humanista" y planteó una reflexión sobre el derecho de una persona adulta y en su sano juicio a decidir sobre su propia muerte. Enfatizó: "¡Es libertad para elegir: eso es lo que reclamamos! ¡Que cada cual siga los dictados de su conciencia! El que quiere eutanasia, que la pida, y el que no la quiere, que la rechace".
Con esta aprobación, Uruguay se suma a un selecto grupo mundial que incluye países como Canadá, Países Bajos y España, que cuentan con legislación que regula la muerte asistida. En América Latina, aunque países como Colombia y Ecuador permiten la práctica mediante fallos judiciales, Uruguay es el primero en aprobar una ley específica en el Parlamento tras años de intentos y debates.
En contraste, la propuesta contó con voces en contra. El legislador Pedro Bordaberry del Partido Colorado criticó la rapidez en la aprobación y la redacción de la ley, señalando que "es una ley sin cambios, cuando todos sabemos que tiene problemas muy grandes de redacción" y que está escrita "desde el punto de vista exclusivamente de los médicos".
El senador Martín Lema del Partido Nacional expresó que la votación se dio en un "momento inoportuno", destacando que días antes se reglamentó la ley de cuidados paliativos. Aseguró que "los más pobres y los más vulnerables hoy no se ven alcanzados por los cuidados paliativos" y afirmó que su posición es "enfáticamente en contra" por razones filosóficas relacionadas con la vida.
La voz de la religión
La iglesia Católica manifestó su "tristeza" por la aprobación y diversas organizaciones rechazaron la redacción del proyecto por considerarla "deficiente y peligrosa". Sin embargo, los defensores respondieron que el texto ofrece garantías y refleja la tradición de Uruguay de avanzar en leyes progresistas como la regulación del cannabis, el matrimonio igualitario y el aborto.
Una encuesta de la Consultora Cifra presentada en mayo mostró que más del 60% de los uruguayos apoya la legalización de la eutanasia, mientras que solo un 24% se opone.
Respecto a los requisitos legales, la ley establece que para acceder a la eutanasia se debe ser mayor de edad, ciudadano o residente, y estar psíquicamente apto con una enfermedad terminal incurable o con sufrimientos insoportables que deterioren gravemente la calidad de vida. El paciente debe expresar su voluntad por escrito tras haber sido informado por un médico sobre su estado y las alternativas, incluyendo cuidados paliativos.
Un segundo médico debe evaluar el caso y confirmar las condiciones para proceder. Finalmente, el paciente debe reiterar su deseo ante dos testigos para fijar la fecha de la eutanasia, garantizando así un proceso riguroso y respetuoso.
