La causa conocida como “Yategate” sigue sumando obstáculos judiciales. A pesar de que la Justicia logró secuestrar el celular y la tablet de Sofía Clerici durante los allanamientos en su casa de Nordelta, donde también se encontraron 600 mil dólares en efectivo, los peritos informaron que no pudieron acceder a ninguno de los dispositivos. El juez federal Luis Armella, que instruye la causa, ordenó continuar con el peritaje contable sobre el patrimonio de Martín Insaurralde, el principal acusado.
El exintendente de Lomas de Zamora enfrenta cargos por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, luego de que se viralizara su viaje de lujo a Marbella en 2023 junto a Clerici. La investigación apunta a determinar si el nivel de vida que exhibe Insaurralde puede ser justificado con sus ingresos como funcionario público. Según los fiscales, no hay forma de que lo haga.
Los bienes en juego
Entre los bienes que se analizan figuran dos lotes en el barrio cerrado Fincas de San Vicente, donde construyó una vivienda de más de 840 metros cuadrados y una pileta de 73 metros; una casa en Lomas de Zamora; dos autos de alta gama; una cuenta bancaria con movimientos por más de 8 millones de pesos entre 2011 y 2021; y 75 viajes al exterior por más de 71 mil dólares, de los cuales solo uno fue oficial. A eso se suma el polémico viaje a Marbella, que disparó la causa.
La defensa de Insaurralde presentó documentación en la que sostiene que todos los bienes fueron adquiridos de manera lícita y que parte del patrimonio proviene de su exesposa, la modelo y conductora Jesica Cirio. La Justicia también analiza transferencias, propiedades y vínculos patrimoniales con personas de su entorno y exparejas.
Mientras tanto, los técnicos informaron que podrían intentar reacondicionar el celular de Clerici para un nuevo intento de acceso, ya que el fallo podría deberse a problemas de hardware. Por ahora, el contenido de los dispositivos sigue siendo una incógnita, pero la investigación avanza por otras vías. El peritaje contable será clave para determinar si Insaurralde incurrió en delitos contra la administración pública.
