La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó por unanimidad, en primera lectura, un proyecto de Ley de Amnistía que podría alcanzar a cientos de personas detenidas por su participación en protestas o por expresar críticas a figuras públicas.
La iniciativa, que aún debe atravesar una segunda discusión en una fecha a definir, prevé la restitución de bienes, el levantamiento de medidas restrictivas y la posibilidad de retorno al país para quienes se vieron forzados al exilio.
El texto, compuesto por al menos una veintena de artículos, fue impulsado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y recibió el respaldo de los 277 diputados, mayoritariamente oficialistas, según confirmó el titular del Parlamento, Jorge Rodríguez.
La amnistía contempla delitos como instigación, resistencia a la autoridad, rebelión, traición y porte ilegal de armas, siempre que se hayan producido en el marco de protestas ocurridas entre 1999 y 2026. En ese período se incluyen movilizaciones registradas en 2007, 2014, 2017, 2019 y 2024.
Durante la sesión, Rodríguez instó a los legisladores a acelerar el proceso de consultas públicas. “El proceso de consulta tiene que ser una consulta profunda, ardua. No tengamos de temor de hablar con todas y con todos, con quien quiera decirnos algo, con quien tenga un testimonio, con quien tenga una propuesta”, sostuvo ante el recinto.
También remarcó que el proyecto no incluye un listado cerrado de beneficiarios: “El proyecto de ley no es listado de nombres porque esos listados de nombres siempre son excluyentes”.
En ese sentido, pidió escuchar a familiares de detenidos, a personas privadas de libertad y a víctimas de hechos violentos. “Que no quede una víctima que no haya sido escuchada”, reclamó.
Y cerró su intervención con un llamado a acelerar los tiempos: “Una última cosa, no tenemos mucho tiempo. Celeridad. Celeridad debe ser nuestra divisa en esta hora. Y les agradezco la responsabilidad que acaban de adquirir”.
En otro tramo de su discurso, Jorge Rodríguez evocó a Hugo Chávez y su mensaje de perdón tras el golpe de abril de 2002. “Nosotros pedimos perdón y tenemos que perdonar también. Lo digo con claridad: a mí no me gustan los presos”, afirmó.
La ley excluye delitos graves como violaciones a los derechos humanos, crímenes de guerra, homicidios, corrupción y narcotráfico, así como hechos que hayan provocado muertes o lesiones graves. También podría alcanzar a jueces, fiscales y funcionarios, según las circunstancias de su actuación en causas vinculadas a protestas.
Según datos oficiales, más de 600 personas habrían sido liberadas de forma gradual, aunque organizaciones como Foro Penal solo confirman 383 excarcelaciones y estiman que cerca de 700 personas continúan detenidas.
