La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el resto de los condenados por la Causa Vialidad no pagaron los U$D 537 millones que de estableció como decomiso de la maniobra que los llevó a la cárcel y el Tribunal Oral Federal 2 quedó en condiciones de ejecutarlos.

Sin embargo, los jueces aún deben resolver un pedido de la defensa de la exvicepresidenta duranta el Gobierno de Alberto Fernández, que pidió que se suspenda el decomiso de los bienes de la expresidenta y, de esa forma, evitar que los mismos sean rematados.

Qué solicitó la defensa de Cristina Fernández de Kirchner

En su pedido, la expresidenta pidió la suspensión del decomiso porque, aseguró que en el listado llevado a cabo por los fiscales Diego Luciano y Sergio Mola sobre los bienes de Cristina, los de sus hijos Máximo y Florencia, además de los de Lázaro Báez y los demás condenados por la causa, “omitieron llevar a cabo una investigación patrimonial que permita probar, con el grado de certeza necesario para imponer una sanción penal, cuáles son los bienes que son encuadrables bajo la tipología prevista en el art. 23 del Código Penal”.

Asimismo, subrayó que “la conducta de los fiscales impidió que en la sentencia se llevara a cabo una determinación precisa de cuáles son los bienes que pretenden ser decomisados, por haberse probado que constituyen los instrumentos, el producto o el provecho del delito por el que se dictó condena”.

“No tuve ni tengo en mi patrimonio cosas que hayan servido para cometer el hecho enjuiciado en autos, ni tampoco bienes o ganancias que resulten el producto o el provecho del referido episodio, y por ende sean decomisables. En otras palabras, no tengo bienes que sirvan a esos fines y que consecuentemente puedan ser ejecutados", añadió la ex presidenta en su solicitud.

Por otra parte Cristina Fernández señaló que "lejos de ello, toda mi evolución patrimonial, al igual que la del resto de la familia Kirchner, resulta absolutamente legítima“, cerró.

Finalmente, la exsenadora que cumple prisión domiciliaria cuestionó la metodología para calcular el patrimonio y la cifra mencionada. En ese sentido, pidió que el procedimiento "sea revisado" porque - según afirma-  “adolece” de “errores fácticos y jurídicos”.