El caso que mantiene en vilo a la opinión pública tras el hallazgo de ocho fetos en una clínica de Villa Ballester entra en una etapa de definiciones científicas. La UFI N°14 de San Martín, bajo la dirección de la fiscal Vanesa Leggio, solicitó formalmente a la Asesoría Pericial de la Suprema Corte bonaerense la realización de estudios de ADN sobre los restos incautados el pasado sábado.
Los tres objetivos de la pericia genética
La medida busca arrojar luz sobre un escenario estremecedor. Los especialistas analizarán cinco fetos completamente formados y tres embriones con tres objetivos principales:
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Legalidad de los procedimientos: Determinar si las interrupciones se realizaron bajo el amparo de la Ley 27.610 (IVE) o si existió una práctica de abortos clandestinos.
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Identificación de la víctima: Confirmar mediante cotejo genético si uno de los restos corresponde al embarazo de la niña de 12 años oriunda de Monte Quemado, Santiago del Estero, quien fue trasladada a Buenos Aires para la intervención.
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Rastro del agresor: De confirmarse el vínculo con la menor, el estudio permitirá obtener el ADN del violador. Actualmente, la justicia santiagueña tiene a dos prófugos en la causa por abuso, siendo el principal sospechoso un primo de la niña de 27 años.
Dos fueros y una hipótesis escalofriante
Mientras la justicia provincial de San Martín investiga la clínica, el Juez Federal Juan Manuel Culotta sigue una línea vinculada a la trata de personas. La sospecha radica en que, dado el avanzado estado de gestación de la menor (ocho meses), el bebé podría haber nacido con vida para ser entregado o comercializado. Si los análisis confirman que el feto está entre los hallados, esta hipótesis quedaría descartada.
Sin embargo, fuentes judiciales advierten sobre la posibilidad más inquietante: que el resto gestado por la niña no se encuentre en la clínica, lo que abriría nuevas interrogantes sobre el destino del recién nacido.
La trama detrás del traslado y el rol de una ONG
La investigación también pone la lupa sobre la Fundación CIGESAR, una organización porteña dedicada a la salud reproductiva que habría intervenido en el caso. Se sospecha que la ONG financió el traslado y la estadía de la menor y su madre desde Santiago del Estero a Buenos Aires, un movimiento que sorprendió a las autoridades santiagueñas, quienes esperaban que el procedimiento se realizara en su propia provincia.
Aunque el presidente de la fundación, el médico Damián Levy, aseguró mediante un comunicado que el aborto se realizó dentro del marco legal, la Justicia aún debe determinar las razones del repentino traslado y las condiciones en las que se llevó a cabo la práctica en la clínica Santa María, establecimiento que, pese a registrar infracciones administrativas menores, continúa operando.
