El ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, quedó bajo la lupa de la Justicia Federal tras la denuncia presentada por Gustavo Vera, titular de la Fundación La Alameda. El escrito, radicado este martes en los tribunales federales de Comodoro Py, lo acusa de haber cometido los delitos de “abuso de autoridad”, “violación de los deberes de funcionario público” y “cohecho”.
La denuncia tiene su origen en un video que se viralizó en redes sociales, en el que se ve al ministro dialogando con el ex agente de la CIA, Tim Ballard. En esa grabación, Cúneo Libarona le ofrece su colaboración para “lavar su imagen” en la Argentina, sugiriendo que puede ponerlo en contacto con jueces, legisladores y periodistas. Ballard se encuentra denunciado en Estados Unidos por estafas millonarias y por múltiples casos de abuso.
Según el sorteo realizado, el caso quedó a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 9. De esa manera, la Justicia deberá determinar si hubo un comportamiento impropio del ministro en ejercicio de sus funciones, tal como plantea el denunciante.
El contenido del video y las acusaciones
En el material audiovisual que dio origen a la causa, se escucha a Cúneo Libarona manifestarle a Ballard: “Yo te puedo ayudar para cambiar el malentendido que hubo en nuestro país, yo te consigo medios”. Incluso, asegura haber elaborado nuevas figuras penales luego de ver el documental “Sonido de Libertad”, protagonizado por el ex agente, y se compromete a enviárselas para revisión antes de su presentación en el Congreso Nacional.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, también se refirió a la figura de Ballard. Afirmó que el estadounidense “tiene 23 causas por abuso” y que fue apartado de todas las organizaciones contra la trata en las que participaba. Además, reveló que intentó entrevistarse con el presidente Javier Milei, pero ella misma lo impidió.
Bajo ese marco, la denuncia presentada por Gustavo Vera considera que Cúneo Libarona habría incurrido en el delito de “abuso de autoridad”, según lo estipulado en el artículo 248 del Código Penal. Esta norma prevé penas de hasta dos años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos. A su vez, se lo acusa de “cohecho”, delito contemplado en el artículo 256 bis, que contempla penas más severas, incluida la inhabilitación perpetua.
