El diputado nacional de Unión por la Patria, Leopoldo Moreau, presentó este lunes una denuncia penal contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a raíz de los operativos de control e identificación desplegados por fuerzas federales el pasado 18 de junio, durante la movilización en respaldo a Cristina Kirchner.
La denuncia fue presentada junto a la legisladora Blanca Osuna y recayó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 8, a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi. El escrito también involucra a los jefes de la Gendarmería Nacional, Policía Federal Argentina y Policía de Seguridad Aeroportuaria, por presuntos delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
Moreau calificó los hechos como “de extrema gravedad institucional” y denunció que se atentó contra “el pleno ejercicio de las libertades civiles en nuestro país”. Según detalló, durante la jornada de movilización, las fuerzas de seguridad detuvieron ómnibus enteros en rutas nacionales y accesos urbanos, donde procedieron a requisar equipajes, exigir documentos de identidad y hasta fotografiar los DNI de manifestantes sin orden judicial ni fundamento legal.
“Estas prácticas no son aisladas ni fortuitas. Constituyen un patrón de vigilancia selectiva y persecución política que nos remite a los momentos más oscuros de nuestra historia”, advirtió el legislador, haciendo una comparación directa con métodos de control social implementados durante gobiernos de facto.
El eje de la denuncia es la supuesta utilización del aparato estatal de seguridad para entorpecer el derecho a la protesta, garantizado por la Constitución Nacional. Para Moreau, las acciones de Bullrich “demuestran una vocación autoritaria que no puede ser tolerada en un Estado de Derecho”.
Desde el oficialismo aún no hubo respuesta formal a la presentación judicial, pero fuentes cercanas a Bullrich aseguraron que “los operativos fueron preventivos y dentro del marco legal”. Sin embargo, la polémica crece mientras el clima político se recalienta tras la confirmación de la condena a Cristina Kirchner y su prisión domiciliaria.
La causa ahora está en manos del juez Martínez de Giorgi, quien deberá determinar si los procedimientos violaron derechos fundamentales. Mientras tanto, el episodio suma un nuevo capítulo a la creciente tensión entre el gobierno de Javier Milei y el peronismo kirchnerista, que denuncia un avance represivo por parte del Ejecutivo.
