La Procuración del Tesoro informó que la jueza Loretta Preska desestimó la solicitud de reconsideración presentada por Argentina en el marco del caso YPF, relacionada con los pedidos de discovery sobre dispositivos personales de funcionarios y exfuncionarios.
El discovery, un procedimiento del derecho estadounidense, permite solicitar información para localizar activos embargables. Argentina había argumentado que estos requerimientos contrarían tanto la jurisprudencia de Estados Unidos como la legislación nacional, que protege la privacidad de datos y comunicaciones.
Desde la Procuración del Tesoro, encabezada por Santiago Castro Videla, calificaron la resolución de la jueza como "incorrecta" y confirmaron que están evaluando las vías legales para apelar la medida. Además, permanece pendiente una segunda moción que busca limitar el alcance del discovery exclusivamente a activos susceptibles de embargo, siguiendo precedentes como el fallo de la Corte Suprema en el caso NML Capital.
El Estado argentino había solicitado a Preska que revoque la orden que obliga a entregar comunicaciones realizadas mediante dispositivos electrónicos personales de funcionarios involucrados en el caso, lo que habilitaría la investigación de correos electrónicos y mensajes privados.
Los fundamentos de Argentina
El planteo se basó en dos puntos clave. Primero, bajo la legislación estadounidense, solo puede ordenarse la producción de documentos que estén en "posesión, custodia o control" del requerido. En este caso, el Estado no tiene control sobre los dispositivos y cuentas personales de sus funcionarios.
Segundo, la legislación argentina establece que estos dispositivos son propiedad inviolable de sus titulares, a los que ni siquiera el propio gobierno tiene acceso. Por ello, se pidió reconsiderar la orden, ya que no se demostró que el Estado cumpliera con el requisito de control exigido.
Además, la defensa argentina busca limitar el discovery a activos embargables, citando jurisprudencia relevante que impide solicitudes sin restricciones, como el precedente de la Corte Suprema en el caso NML Capital.
En julio, Preska había ordenado al Estado entregar correos electrónicos, mensajes de WhatsApp y otras comunicaciones privadas de funcionarios, entre ellos el actual ministro de Economía, Luis Caputo, y su antecesor, Sergio Massa, así como miembros de las gestiones de Javier Milei y Alberto Fernández.
La jueza aclaró que no se requiere acceso total a los dispositivos, sino que las búsquedas se limitarán a palabras clave específicas, como "YPF" o "Aerolíneas Argentinas".
Los demandantes, los fondos Burford y Eton Park, buscan demostrar que empresas como YPF, el Banco Central, Aerolíneas Argentinas, Enarsa y el Banco Nación actúan como "alter ego" del Estado argentino, para intentar embargar sus activos y ejecutar una sentencia por US$ 16.000 millones contra Argentina.
