En las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), los cuartos oscuros suelen transformarse en un dolor de cabeza para una porción significativa de la ciudadanía debido a la abundancia de ofertas electorales que, en la mayoría de los casos, naufraga y no logra pasar a la elección general. Para muestra basta un botón. En la provincia de Buenos Aires, el 13 de agosto se presentarán alrededor de 26 opciones (algunas de ellas, con listas internas), pero solo quedarán aquellas que obtengan más del 1,5% del padrón. En el medio, millonarios recursos del Estado fueron destinados a la impresión de boletas, en una maquinaria que escondería maniobras reñidas con la legalidad.
A las fuerzas políticas tradicionales (Partido Justicialista, Unión Cívica Radical, Partido Socialista, entre otras) se sumaron nuevas agrupaciones que llevan varios años compitiendo en elecciones (PRO, ARI) y alianzas políticas como el Frente de Izquierda. Pero también existe un ecosistema de partidos nacionales, provinciales y municipales que irrumpieron de golpe en el mapa electoral (solos o en alianzas) y que, así como llegan, desaparecen hasta el nuevo turno electoral.
En este marco la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires detectó y denunció ante la justicia penal de La Plata la presencia de listas «ilusorias», con precandidatos que no pertenecen al distrito por el cual se postulan, lo que derivó en la baja de los partidos observados, hecho que generó un ahorro de casi 1.000 millones de pesos por boletas que no tendrán que ser impresas, indicaron fuentes judiciales.
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Este año, se estableció una tarifa de 2,92 pesos por cada tramo de los ocho que tendrá las boletas en la provincia. Con un total de 14.059.936 electores habilitados, eso significa que, para cubrir al menos un juego de boleta por cada elector, un partido político que presente solo el tramo de candidato a gobernador se llevará a sus arcas 41.055.013,12 pesos. Si presenta, como en el caso de los frentes más conocidos, además de candidato a gobernador, candidatos en todos los distritos de la provincia y para legisladores provinciales, el monto total que cobrará es de $123.165.039,36, según pudo saber Bordeperiodismo.
En concreto, se advirtió un significativo número de observaciones y una sistemática directriz en la confección de las listas que se reflejaba en que la mayoría de los precandidatos oficializados no pertenecían al distrito por el cual se postulaban en los partidos «Encuentro Republicano Federal», «Esperanza del Pueblo», «Frente Federal de Acción Solidaria», y «Justicia y Dignidad Patriótica». Las identidades de las personas investigadas (apoderados y precandidatos) se mantendrán en reserva para no obstaculizar el transcurso normal de la investigación penal preparatoria.
Desde el órgano electoral -encabezado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Sergio Gabriel Torres, e integrado por los magistrados Ana María Bourimborde, Eduardo Delbés, Claudia Milanta y el titular del Tribunal de Cuentas Federico Thea– señalaron que lo habitual es que en una lista pueda haber uno o dos precandidatos que registren una falencia en cuanto al cumplimiento de los requisitos reglamentarios.
Sin embargo, en estos casos se dio la particularidad de listas completas en las que ningún precandidato pertenecía o tenía domicilio en el distrito por el que pretendía competir.
Para ejemplificar, se advirtió que la lista de precandidatos de Chivilcoy del partido «Encuentro Republicano Federal» llevaba como precandidatos en su totalidad, en forma alternada, ciudadanos domiciliados en los distritos de José C. Paz y La Matanza.
En igual sentido los precandidatos del partido «Esperanza del Pueblo», del distrito Luján, resultaban ser todos ciudadanos de San Nicolás; la lista del «Frente Federal de Acción Solidaria» de Chacabuco estaba integrada por ciudadanos de los partidos de Berazategui, Quilmes y Florencio Varela; y la perteneciente a La Plata del partido «Justicia y Dignidad Patriótica», con precandidatos de los distritos de Azul, San Nicolás, General Pinto y Junín.
Fuentes del organismo explicaron que, ante esas observaciones, se advirtió a los apoderados partidarios que se harían denuncias penales para investigar la posible comisión de algún delito de defraudación, por lo que ellos mismos decidieron bajar las listas.
En virtud de estos hallazgos y las eventuales maniobras que pretendían perpetuarse en contra del fisco y del electorado bonaerense, la Junta Electoral de la Provincia decidió remitir sus actuaciones a la Procuración General para que investigue la posible comisión de delitos.
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La causa abierta a partir de esta intervención tramita en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 -a cargo del fiscal Juan Menucci– y el Juzgado de Garantías 4 -cuyo titular es Juan Pablo Masi– del Departamento Judicial La Plata (IPP 06-00-38180-23/00). En tanto, a fines del mes de julio la AFIP se sumó al operativo de control y se aguarda el resultado de informes y auditorías que están en pleno proceso de ejecución.
El aporte previsto por el Estado provincial para la impresión de boletas de las elecciones primarias asciende a $2.695.660.935,76. Esta intervención y la consecuente baja de las listas observadas permitió alcanzar un ahorro de $944.016.155, 68. Además se neutralizó una vulneración del electorado, toda vez que, éstas listas para las «PASO», además de engañosas, luego no se verían representadas en las elecciones generales -incluso en el supuesto de superar el piso legal del 1,5%- como consecuencias de las irregularidades detectadas.
EL MECANISMO
El marco legal vigente establece que los partidos políticos reconocidos y vigentes reciban apoyo financiero del Estado para las elecciones, para asegurar, de mínima, la impresión y abastecimiento de boletas. “El negocio es bastante sencillo. El Estado manda los recursos para la impresión de las boletas, pero nadie controla a las imprentas ni la cantidad de material impreso. Se factura un padrón de 400 mil boletas, pero se imprimen 50 mil. Por eso, muchas veces faltan boletas en los cuartos oscuros durante la apertura de las mesas el día de las elecciones”, explicó un conocedor de los pasillos de la política.
La regla matemática no falla. “A mayor cantidad de listas en una interna, mayor presupuesto. Por eso, una de las patas del negocio es armar listas para que compitan en internas”, detallaron fuentes judiciales.
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