La reciente declaración de la calificadora de riesgo S&P Global Ratings de que el canje de deuda en pesos realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo, equivale a un impago generó incertidumbre en el ámbito financiero, lo que lo llevó a rebajar la calificación de los títulos argentinos en moneda local a «selective default», una designación que merece un análisis detallado para comprender sus implicaciones.
El término «default selectivo» indica que Argentina incumplió con parte de sus obligaciones financieras, específicamente en relación con los títulos de deuda emitidos en moneda local. Este incumplimiento se considera «selectivo» porque no abarca todos los compromisos financieros del país, sino que se limita a ciertos aspectos de su deuda.
El canje de deuda en pesos se llevó a cabo con el objetivo de cambiar títulos de corto plazo por otros con vencimientos más largos, principalmente con la participación de organismos públicos. Sin embargo, la participación de acreedores privados en este proceso fue limitada, lo que generó dudas sobre la sostenibilidad y la efectividad de la operación.
La baja en la calificación crediticia a «default selectivo» refleja la preocupación de la calificadora sobre la capacidad del gobierno argentino para cumplir con sus obligaciones financieras, especialmente en un contexto de escaso acceso al mercado financiero internacional y una economía en dificultades.
Es importante destacar que esta designación no implica necesariamente una situación de crisis financiera inminente, pero sí señala la necesidad de tomar medidas concretas para restaurar la confianza de los inversionistas y asegurar la estabilidad económica del país.
La declaración de default selectivo plantea un complejo panorama para el gobierno argentino, especialmente en términos de acceso a financiamiento y credibilidad en los mercados internacionales. Además, puede tener repercusiones en la economía doméstica, incluyendo una mayor presión sobre el tipo de cambio y tasas de interés más altas.
En respuesta a esta situación, el gobierno argentino deberá implementar políticas económicas claras y efectivas que restauren la confianza de los inversionistas y promuevan el crecimiento económico sostenible. Esto puede incluir medidas para reducir el déficit fiscal, estabilizar la moneda y mejorar el clima de inversión en el país.
