El planteo ya venía de hacía tiempo, pero en las últimas semanas ganó fuerza tras la confirmación de brotes en establecimientos comerciales, lo que derivó en la pérdida del estatus sanitario internacional y en la reactivación de protocolos de emergencia.
No sólo es un problema sanitario, sino que es económico porque cada foco implica el sacrificio total de las aves y la paralización inmediata de la producción.
En ese contexto, el presidente ejecutivo de CAPIA, Javier Prida, advirtió que ante la aparición de la enfermedad, no existen mecanismos de compensación económica, lo que deja a los establecimientos expuestos a pérdidas absolutas. La eliminación de planteles completos no solo impacta en el capital de trabajo, sino que compromete la continuidad de la actividad.
El esquema sanitario vigente responde a lineamientos internacionales que priorizan el control estricto del virus para sostener los mercados externos. Pero más del 94% de la producción de huevos se destina al consumo interno, mientras que una porción menor se orienta a la exportación.
Esto, sostienen, hace que el sistema actual proteja una fracción reducida del negocio en detrimento del grueso de la actividad.
La aplicación de medidas dispuestas por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) implica que, ante cada detección, se ordene el sacrificio total de las aves para evitar la propagación. A esto se suma la ausencia de herramientas financieras que amortigüen el golpe, lo que acelera el deterioro de muchas granjas.
