El Gobierno nacional hizo oficial la declaración de emergencia y/o desastre agropecuario para distintas zonas de la provincia de Buenos Aires, a raíz de las lluvias que provocaron anegamientos en explotaciones agrícolas y ganaderas, y que generó protestas de los chacareros a los gobiernos municipales.
Convalidó así un decreto provincial que ya había establecido la emergencia en los partidos de Hipólito Yrigoyen, General Alvear, General Viamonte, Las Flores, Chivilcoy, Junín, Roque Pérez, General Lamadrid, Chacabuco y Monte, donde hubo anegamientos prolongados que afectaron la siembra y la actividad ganadera, además de otras cuestiones de la vida cotidiana de quienes residen allí.
El ministro de Economía, Luis Caputo, firmó la Resolución 1450/2025, que se aplicará con retroactividad al 1° de mayo hasta el 31 de octubre. La decisión se adoptó tras la recomendación de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios (CNEyDA), que se reunió el 15 de septiembre para analizar el pedido elevado por el gobierno bonaerense.
En ese marco, técnicos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el Banco Nación (BN), el Banco Central (BCRA), la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), junto a funcionarios nacionales, provinciales y representantes de las entidades agropecuarias, evaluaron la situación provocada por las lluvias persistentes y los pasos a seguir.
Los productores afectados deberán gestionar el certificado de emergencia emitido por la autoridad provincial, que les permitirá acceder a distintos beneficios fiscales, crediticios y administrativos, como la prórroga de vencimientos de impuestos, suspensión de ejecuciones fiscales y la posibilidad de acceder a refinanciaciones bancarias en instituciones oficiales y mixtas.
Entidades como Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria (FAA), Sociedad Rural Argentina (SRA), Coninagro, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Federación de Organizaciones Nucleadas de la Agricultura Familiar (FONAF) se habían encargado de detallar los problemas que atraviesan los productores.
