El Gobierno nacional pondrá en marcha un proceso de revalidación para que los clubes de barrio conserven el acceso a los subsidios en las tarifas de luz y gas. Así lo anunció este miércoles el vocero presidencial, Manuel Adorni, durante una conferencia de prensa en la que apuntó contra “beneficiarios con capacidad de pago” y cuestionó el uso distorsionado de fondos públicos en las últimas décadas.
“La medida busca sanear el esquema tarifario y terminar con privilegios injustificados que se han sostenido durante años en nombre de los clubes de barrio, pero que en algunos casos beneficiaban a instituciones de elite”, aseguró Adorni. Según precisó, muchos de esos espacios contaban con convenios con cadenas de gimnasios o desarrollaban actividades de alto rendimiento, alejadas del espíritu comunitario que justifica la asistencia estatal.
Cómo es el nuevo procedimiento
El nuevo procedimiento requerirá que cada club complete una declaración jurada mediante la plataforma TAD (Trámite a Distancia) y justifique su condición para conservar el subsidio. El Gobierno aplicará un sistema de evaluación con “criterios objetivos de inclusión y exclusión”, con el fin de asegurar que solo accedan al beneficio aquellas organizaciones que realmente lo necesitan.
Desde la administración nacional aclararon que “ningún club que requiera la ayuda perderá el subsidio”, y que el objetivo es depurar el padrón para evitar abusos. “Durante años, los argentinos financiaron facturas subsidiadas de clubes que estaban lejos de responder a la categoría de ‘clubes de barrio’”, sostuvo el vocero.
Depuración de beneficiarios y foco en el equilibrio fiscal
La medida se inscribe dentro de un plan más amplio de revisión del sistema de subsidios, que ya tuvo su primer hito a principios de junio con la eliminación de la asistencia estatal a urbanizaciones cerradas y countries del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Barrios como Nordelta, Puerto Madero, Ayres del Pilar o La Martona, todos con alto poder adquisitivo, fueron excluidos del esquema tras una auditoría de consumo y facturación.
En ese sentido, el comunicado oficial señaló que en los últimos veinte años se dilapidaron más de 150.000 millones de dólares en subsidios “mal asignados”, y que la reforma apunta a corregir ese desbalance estructural. “No es un ajuste ciego, sino un reordenamiento que pone el foco en quienes de verdad necesitan la ayuda”, reiteraron fuentes oficiales.
El Gobierno mantiene firme su objetivo de avanzar con un esquema tarifario más equilibrado, donde el costo de los servicios refleje los niveles reales de ingresos y consumo de los usuarios. Bajo esta lógica, los clubes que cumplen un rol social y dependen de la tarifa subsidiada podrán conservarla, pero aquellos que operan bajo lógicas comerciales o empresariales deberán afrontar los costos plenos.
