Ayer, un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso reveló que durante 2023 se ejecutaron transferencias y aportes a diversas empresas públicas que el gobierno actual quiere privatizar. El monto de lo transferido por el estado es de un total de $2.301.385 millones, equivalente a 1,22% del Producto Bruto Interno (PBI).
Según el informe, “El proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos -conocido como Ley Ómnibus-, declara sujetas a privatización a 41 empresas públicas y faculta al Poder Ejecutivo a proceder a la enajenación de participaciones accionarias o de capital en empresas privadas que no disponen de la mayoría de capital social necesario para ejercer su control”.
Entre las principales compañías en la lista de posibles privatizaciones figuran Operadora Ferroviaria S.E, YPF S.A., Banco de la Nación Argentina, Correo Oficial de la República Argentina S.A, Aerolíneas Argentinas S.A. y AySA, que a octubre de 2023 daban empleo a 134.000 personas.
Según la información de la Oficina de Presupuesto, el año pasado el sector energético recibió $1.184.458 (un 0,63% del PBI), el sector de transporte obtuvo $620.429 (un 0,33%), el rubro de agua potable y alcantarillado consiguió 285.016 (0,15%) y el área de comunicaciones recibió transferencias por 165.587 (0,9%), entre los principales segmentos de la actividad económica.
Si se analiza la información por compañía, sobresalen la siguientes empresas:
ENARSA: $700.000 millones para la compra de gas en el marco de la política de subsidios energéticos,
Operadora Ferroviaria: $335.145 millones,
AYSA: $86.959 millones.
Correo Argentino: $83.806 millones; en los tres últimos casos para el pago de remuneraciones y gastos de funcionamiento.
“El análisis de los subsidios energéticos es un buen ejemplo para entender lo que se plantea, como así también el transporte ferroviario y la provisión de agua potable en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Que los subsidios a la demanda de gas se canalicen mayormente a través de una determinada organización estatal (ENARSA) no significa que se esté subsidiando a la actividad de esas empresas”, dice el informe de la OPC.
“Es el Estado quien decide subsidiar el consumo energético y lo hace imponiendo en las empresas estatales precios por debajo de los que surgirían de una decisión empresarial autónoma. A modo de ejemplo, si ENARSA importa gas natural licuado a un precio mayor al que lo revende en el mercado interno, esto no la hace necesariamente ineficiente a la empresa en sí, sino que es el Gobierno quien le impone esa pérdida económica para abaratar el precio del gas en los hogares”, sigue el informe de la OPC.
Entre las empresas públicas que tienen mayor cantidad de empleados, la prestadora del servicio de trenes ocupaba a 23.880 empleados en octubre del 2023. Le siguen YPF, con 23.471, y el Banco Nación con $17.820.
