La disputa judicial por la expropiación de YPF en Estados Unidos se tensó aún más luego de que el Gobierno argentino se negara a entregar detalles sobre las reservas de oro del Banco Central requeridos por la Justicia estadounidense.
Los beneficiarios del fallo, apoyados por Burford Capital, pidieron a la jueza Loretta Preska que obligue a Argentina a presentar una declaración jurada especificando la ubicación, cantidad y destino del oro del Banco Central. Sin embargo, la respuesta oficial fue un rotundo rechazo.
Desde la Procuración General aclararon que esas reservas pertenecen al Banco Central de la República Argentina (BCRA), una entidad autónoma e independiente, y que el Tesoro Nacional no posee acceso directo a dicha información. "El pedido no tiene fundamento alguno. Las reservas de oro son propiedad del BCRA que es un ente autárquico y están bajo su administración", indicaron.
Además, señalaron que el Banco Central no participó en el proceso judicial y que sus reservas cuentan con inmunidad, por lo que no pueden ser embargadas o ejecutadas en Estados Unidos. Aún así, el Gobierno anunció que solicitará formalmente al BCRA los datos requeridos por la Justicia.
Por otro lado, el Estado argentino rechazó también la citación del ministro de Economía, Luis Caputo, quien fue pedido para declarar en el marco de la causa. Consideran que esa convocatoria no corresponde en este proceso.
Los demandantes sostienen que Argentina estaría intentando ocultar activos para evitar el pago de US$ 16.100 millones, monto que se le condenó en primera instancia en septiembre de 2023. Incluso acusaron al país de designar a un testigo "deliberadamente no preparado", lo que equivaldría a incumplir con la orden judicial.
Con base en estas acusaciones, reclamaron sanciones que incluyen la presentación obligatoria de una declaración jurada, la convocatoria a una audiencia probatoria con funcionarios clave y el pago de honorarios legales por supuesta conducta obstructiva.
La jueza Preska deberá resolver el próximo paso, mientras que expertos como Sebastián Soler no descartan que convoque a las partes para escuchar sus argumentos antes de tomar una decisión definitiva.
Esta controversia se suma a un fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal que ordenó al Banco Central informar públicamente sobre el uso de sus reservas de oro, aunque esa sentencia aún no está firme.
