La reciente oferta salarial del Gobierno de Javier Milei en la mesa paritaria universitaria generó malestar entre los gremios de docentes y nodocentes de las universidades nacionales. La propuesta de un aumento del 6% para febrero fue recibida con rechazo, especialmente en un contexto de inflación elevada, que según datos oficiales de enero alcanzó el 20.6%.
Los sindicatos universitarios –integrados por CONADU Histórica, CONADU, FEDUN, FAGDUT, UDA, CTERA y los sindicatos Nodocentes nucleados en la FATUN — calificaron la oferta como insuficiente y distante de la realidad económica que enfrentan los trabajadores del sector. En este sentido, indicaron que, considerando la inflación reportada en enero, ofrecer un incremento del 6% resulta claramente una provocación, teniendo en cuenta la pérdida de poder adquisitivo de los salarios.
El frente gremial expresó a su vez su preocupación por la significativa caída del poder adquisitivo de los trabajadores, que superó el 50% respecto a la inflación de diciembre y enero. Por lo tanto, demandaron un ofrecimiento que permita equiparar los salarios con el incremento del costo de vida, asegurando así que los trabajadores no continúen perdiendo poder adquisitivo.
Además del reclamo salarial, los gremios manifestaron su rechazo a la quita del Fondo de Incentivo Docente (FONID), medida que ha provocado una disminución salarial en la docencia preuniversitaria. En este contexto exigieron que el Gobierno haga efectivo el pago del FONID para los meses de enero y febrero, y acuerde una recomposición urgente del fondo. También solicitaron la actualización de las garantías salariales de los sectores docentes y nodocentes.
El Frente conformado por gremios de la CGT y las dos CTA advirtió sobre la gravedad de la situación, responsabilizando al Gobierno Nacional por la crisis generada y pidió una nueva instancia paritaria donde se presente una oferta seria, acorde a la pérdida salarial de los trabajadores universitarios.
En este contexto, el sector universitario aguarda una pronta respuesta por parte de las autoridades gubernamentales, con la esperanza de resolver el conflicto de manera justa y equitativa, garantizando así condiciones laborales dignas para todos los trabajadores del ámbito educativo.
