El Gobierno evitará entregar mensajes de los últimos dos ministros de Economía, Luis Caputo y Sergio Massa, tal como ordenó la jueza estadounidense Loretta Preska sobre la presentación de información de funcionarios y activos argentinos en el marco de la causa por la estatización de YPF. Además, la gestión libertaria presentará una nueva apelación ante la Justicia norteamericana.
La Procuración General del Tesoro sostendrá la negativa a brindar la información en la audiencia de este martes que mantendrá con la jueza y con los fondos demandantes. Nación asegura que evalúa distintas alternativas para frenar la medida, como solicitar una suspensión en la misma instancia o elevarlo directamente a la Corte de Apelaciones.
En la Casa Rosada argumentan la negativa a brindar los datos de funcionarios requeridos, como mensajes de Whatsapp, y consideran que Preska se excedió en su jurisdicción al ordenar la entrega del material junto con la información sobre activos argentinos.
La Procuración del Tesoro continúa manteniendo reuniones para definir la presentación de escritos y la forma en que defenderá la postura de la Argentina. En Nación sostienen la postura de que no brindarán ningún tipo de garantía mientras esté firme el proceso de apelación formal del fallo que ordenó ejecutar la transferencia de las acciones.
Los fondos -que ya consiguieron una sentencia a su favor por US$ 16.100 millones y un fallo para cobrar con parte de las acciones de YPF- piden información que confirme que la petrolera y la Argentina "son lo mismo", con la intención de identificar activos y embargarlos. El oficialismo asegura que no negociará con los demandantes.
La Casa Rosada espera también la definición de la Corte de Apelaciones sobre si admite el reclamo de la Argentina para que suspenda la entrega de acciones mientras la apelación formal está en estudio.
Días atrás, el ex procurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías advirtió que es posible "bajar enormemente el monto de la sentencia" de US$ 16.000 millones, y consideró que para eso las autoridades argentinas deberán manejarse en el terreno diplomático aprovechando el "alineamiento muy marcado" con el gobierno norteamericano de Donald Trump.
