La administración del presidente Donald Trump habilitó la venta de petróleo y gas a Cuba, aunque exclusivamente destinada a ciudadanos y empresas privadas, en un intento de aliviar la grave escasez energética que atraviesa la isla.
Según precisó el organismo, “el gas y otros productos petroleros exportados y reexportados a entidades o personas del sector privado cubano para uso personal pueden ser autorizados en virtud de la Excepción de Licencia SCP”. Esta disposición permite operaciones destinadas a mejorar las condiciones de vida y apoyar la actividad económica independiente, sin beneficiar al gobierno ni a estructuras vinculadas al Estado.
La decisión se conoce en un contexto de fuerte deterioro energético en Cuba, provocado por la interrupción del suministro de crudo venezolano y las sanciones impuestas por Washington. La falta de combustible generó apagones prolongados, paralización del transporte y serias dificultades en el funcionamiento de servicios básicos.
En paralelo, el gobierno estadounidense permitirá que empresas puedan solicitar licencias para revender petróleo de origen venezolano al sector privado cubano. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Tesoro, indicó que considerará favorablemente las solicitudes vinculadas a operaciones que respalden al sector privado y atiendan necesidades comerciales o humanitarias.
“Esta política de licencias favorable está dirigida a transacciones que apoyan al pueblo cubano, incluido el sector privado cubano (por ejemplo, exportaciones para uso comercial y humanitario en Cuba)”, señaló la dependencia.
La medida amplía directrices previas del Departamento de Comercio, que ya permitían exportaciones de combustible destinadas a actividades económicas privadas o al consumo personal, sin necesidad de intervención del gobierno cubano.
No obstante, Washington dejó en claro que el petróleo y el gas no podrán ser comercializados con el gobierno, las fuerzas armadas ni empresas vinculadas al aparato estatal. Tampoco podrán beneficiar a hoteles o entidades incluidas en la lista de sanciones del Departamento de Estado.
