La Fiscalía de Bolivia ordenó este miércoles la captura del expresidente Evo Morales, acusado de terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado por su presunta participación en los bloqueos de rutas y protestas que se desarrollaron entre mayo y junio para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
La resolución fue firmada por el fiscal Brayan Melgar e incluye además cargos por atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos.
La denuncia fue presentada a comienzos de julio por dirigentes cívicos de Santa Cruz y posteriormente recibió el respaldo del ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo. En la causa también fueron incluidos el titular de la COB, Marco Argollo, y el líder campesino Vicente Salazar, quien permanece detenido de manera preventiva desde el 6 de julio por otra investigación vinculada con los mismos hechos.
Tras conocerse la decisión judicial, Morales rechazó las acusaciones y publicó un mensaje en sus redes sociales. “No nos van a intimidar. Seguiremos luchando junto al pueblo, como lo hemos hecho siempre, con la convicción de que Bolivia merece un camino distinto: el de la dignidad, la soberanía, la justicia social y la recuperación de la esperanza para todas y todos”, expresó.
Hoy el gobierno emite una nueva orden de aprehensión en mi contra, acusándome de supuestos delitos de terrorismo y alzamiento armado. Buscan responsabilizarnos de las movilizaciones sociales para ocultar el verdadero drama que vive Bolivia: una profunda crisis económica y social,…
— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) July 29, 2026
La investigación se originó a raíz de los bloqueos de carreteras impulsados durante siete semanas por campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB), con el respaldo de sectores afines a Morales. La principal demanda de las protestas era la renuncia del presidente Paz.
Según datos oficiales, los cortes de rutas provocaron desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en distintas ciudades, dejaron al menos 16 muertos —13 de ellos por la falta de atención médica oportuna debido a los bloqueos— y ocasionaron pérdidas económicas superiores a los 3.000 millones de dólares.
El exmandatario permanece desde octubre de 2024 en el Trópico de Cochabamba, su principal bastión político y sindical, protegido por seguidores que impiden el cumplimiento de otra orden de captura en el marco de una causa por trata agravada de personas.
En ese expediente está acusado por su presunta relación con una menor de edad con la que supuestamente tuvo una hija en 2016, cuando ejercía la Presidencia. En mayo, un tribunal de Tarija lo declaró en rebeldía tras no presentarse al inicio del juicio y emitió una nueva orden de detención. La Policía aseguró que espera el momento adecuado para ejecutarla.
