En los últimos años del mandato de Nicolás Maduro, Venezuela ha atravesado una crisis económica y social profunda que ha incrementado los niveles de pobreza en el país. La hiperinflación persistente, la escasez de productos básicos y la caída de la producción petrolera han deteriorado la calidad de vida de millones de venezolanos.
Según distintos informes internacionales, más del 90% de la población vive bajo la línea de pobreza, con dificultades para acceder a alimentos, medicamentos y servicios esenciales. Esta situación ha impulsado un éxodo masivo hacia países vecinos, generando además una crisis de carácter regional.
El gobierno de Maduro implementó programas sociales y promovió la criptomoneda petro para mitigar la crisis, aunque estas medidas no lograron revertir la tendencia negativa. La falta de inversión y las sanciones internacionales agravaron la situación, mientras sectores clave como educación, salud y seguridad sufrieron un severo deterioro.
Tras casi tres lustros de bonanza petrolera, la economía venezolana cayó drásticamente en los últimos 12 años. La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) de 2024 indicó que la pobreza multidimensional alcanzó el 51,9% en 2023, lo que representa una mejora de casi 15 puntos respecto a 2021, pero sigue 12 puntos por encima de los niveles de 2014.
El presidente Maduro afirmó en febrero de 2024 que la economía creció un 5% en 2023 y proyectó un aumento de al menos 8% para 2024. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) estimó un crecimiento superior al 4%. Sin embargo, estas cifras contrastan con la contracción acumulada del 71% entre 2012 y 2020 y una inflación que superó el 130.000%.
El salario mínimo, vigente desde marzo de 2022, es de apenas 130 bolívares al mes, equivalentes a 3,55 dólares, mientras que el ingreso promedio en el sector privado ronda los 110 dólares mensuales en 2024. Esta brecha evidencia la pérdida del poder adquisitivo, considerando que una hamburguesa cuesta aproximadamente 7,10 dólares, el equivalente a dos salarios mínimos.
La producción petrolera, motor principal de la economía, cayó de 2,4 millones de barriles diarios en 2013 a 895.000 barriles diarios en marzo de 2024, según la OPEP y PDVSA, afectada por mala gestión, corrupción y sanciones internacionales. A pesar de la autorización parcial a Chevron en noviembre de 2022, el levantamiento completo de restricciones depende de un reconocimiento legítimo de resultados electorales y compromisos democráticos.
En este contexto, el próximo presidente que asuma enfrentará la difícil tarea de estabilizar la economía, controlar la inflación, reactivar la producción petrolera y recuperar la confianza de inversionistas nacionales e internacionales. La recuperación dependerá de la capacidad de superar los problemas estructurales acumulados durante más de una década de crisis.
