Asumieron los primeros jueces elegidos por voto popular en México. Según la oposición y distintas ONG, de acuerdo a la agencia AFP, es algo inédito para la justicia de un país dañado por la impunidad, pero que, a su vez, lo deja expuesto a la influencia del crimen organizado y el poder político.
Jueces de la Corte Suprema, magistrados del tribunal electoral y muchos jueces estatales y distritales fueron votados en los comicios del pasado 1 de junio y ocupan más de 2000 cargos.
En las elecciones, participó apenas el 13% del electorado y se denunciaron tanto irregularidades como la utilización de mecanismos ilegales para dirigir el dictamen hacia candidatos afines al oficialismo de izquierda. Por estos motivos, fueron altamente cuestionadas.
Sin embargo, la presidenta de México Claudia Sheinbaum, celebró el resultado del voto popular en su primer informe anual de gobierno, que coincidió con la asunción de los magistrados.
“Bienvenido el nuevo poder judicial, un hecho inédito y profundamente democrático”, expresó. También dijo que con los nuevos jueces “se termina la era del nepotismo, corrupción y privilegios y comienza una nueva era de legalidad y justicia” para los mexicanos.
Además, distinguió al indígena mixteco Hugo Aguilar por ser el candidato más votado para la presidencia de la Suprema Corte, conformada por nueve integrantes, seis de ellos cercanos al oficialismo.
Durante la ceremonia, Aguilar, que fue funcionario del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), dijo a la prensa: “Tengan la seguridad de que es una corte distinta (...), aquí el pensamiento y el corazón no lo va a guiar el poder ni el dinero, sino el servicio al pueblo”.
A cada juez de la Corte, se le entregará un bastón de mando en una ceremonia de "consagración" de estos, efectuada en un sitio arqueológico prehispánico del sur de Ciudad de México. Allí se realzaron las raíces indígenas del nuevo presidente de la Corte Suprema.
Según explicó Efraín Solano, un líder indígena zapoteco que participó del ritual, los bastones consagrados son una muestra de “confianza a alguien que tiene la sabiduría para aplicar la justicia”.
Los cuestionamientos de la oposición
La elección judicial es una de las medidas de la reforma constitucional propuesta por López Obrador y ejecutada por Sheinbaum. En 2027, tendrá una segunda etapa para renovar algunos puestos de la Suprema Corte y jueces locales en una decena de estados.
Opositores y activistas sostienen que la reforma no tiene el objetivo de resolver la impunidad ni mejorar la impartición de justicia, sino de “capturar políticamente al Poder Judicial”, indicó Miguel Alfonso Meza, presidente de la ONG Defensorxs, según AFP.
El integrante de la organización, la cuál monitoreó los comicios, opinó, de acuerdo a la agencia, que las elecciones fueron una “operación de Estado”, donde se designaron candidatos afines al gobierno en tribunales clave, y se distribuyeron masivamente volantes que orientaron el voto hacia aspirantes favorables al oficialismo.
Conforme a las palabras de Meza, en los estados, los procesos “fueron determinados por los gobernadores”, lo que facilitó la selección y el triunfo de ciertos perfiles.
Además, Defensorxs detectó al menos 25 aspirantes “altamente riesgosos” ya que tenían antecedentes penales por delitos que iban desde corrupción hasta trata de personas, o enfrentaban acusaciones de complicidad con grupos del crimen organizado. Meza señaló que seis de estas personas resultaron elegidas.
