La Universidad de Harvard enfrenta una drástica medida del gobierno de Donald Trump, que decidió revocar la certificación del Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVIS). Así, la institución no podrá admitir ni mantener entre sus estudiantes a los extranjeros. Esta acción obliga a 6800 personas a buscar otras instituciones o abandonar el país, según lo comunicado por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

“No se permitirá que continúen inscribiendo a estudiantes internacionales”, destacó Noem en un comunicado. Además, acusó a Harvard de “fomentar la violencia, el antisemitismo y coordinarse con el Partido Comunista Chino”. En este contexto, el Departamento de Seguridad Nacional solicitó información sobre las actividades de los estudiantes internacionales desde el 16 de abril, buscando rastrear su involucramiento en diversas protestas.

Mediante la presentación de documentos parciales a las autoridades, Harvard levantó suspicacias sobre su cumplimiento con las regulaciones exigidas por el gobierno, que mostró un enfoque firme hacia las universidades que consideran que propagan ideologías contrarias a intereses estadounidenses, especialmente en el contexto post-manifestaciones propalestinas del año anterior.

En un movimiento adicional contra las universidades, el gobierno de Trump lanzó un recorte de 450 millones de dólares en subvenciones federales para instituciones educativas, en una tendencia que se suma a recortes anteriores que totalizan 2.200 millones. Noem argumentó que “es un privilegio, no un derecho”, para las universidades matricular estudiantes extranjeros que contribuyan económicamente a sus fondos.

Trump fue más allá al describir a Harvard como una “institución de extrema izquierda y antisemita” que constituye una “amenaza para la democracia”. Cabe señalar que la universidad ya presentó una demanda contra el gobierno por las intentativas de imponer cambios en su currículo y políticas de admisión.

La situación también revela un duro golpe a la comunidad inmigrante, ya que la Cámara de Representantes se alineó con propuestas que incluyen un impuesto del 3,5% a las remesas, que impactarían negativamente en las familias de migrantes que dependen de este apoyo económico con gran relevancia en países de América Latina.