Boleta electrónica, fin de las colectoras y debate presidencial son los puntos fuertes del proyecto de ley que Mauricio Macri anunció esta mañana. Sin embargo, la reforma del financiamiento de las campañas electorales queda trunca.
El proyecto de reforma electoral que presentó hoy el presidente Mauricio Macri implementará el voto electrónico a nivel nacional, eliminará las listas colectoras y creará un debate presidencial obligatorio. Sin embargo, un aspecto de suma importancia en el debate parlamentario será el financiamiento de las campañas políticas, en el marco del procesamiento a los encargados de recaudar fondos para la campaña de Cristina Fernández de Kirchner y Julio Cobos del 2007 y del escándalo de corrupción que protagonizó el ex funcionario José López.
Según el borrador al que accedió #BORDER, el aspecto más relevante del proyecto para reducir la opacidad en las campañas es aumentar de 7 a 24 (uno por provincia) el cuerpo de auditores que actuará bajo la órbita de la Cámara Nacional Electoral “para verificar el estado contable de los partidos y el cumplimiento” de los límites que establece la ley. Según fuentes oficiales, otros aspectos a modificar se dejaron para futuras discusiones debido a la falta de consenso entre las fuerzas políticas para realizar una reforma a fondo. “Este cambio es importante pero vamos a dejar el debate más amplio para la segunda mitad del año”, se sinceraron cerca del secretario de Asuntos Políticos e Institucionales, Adrián Pérez.
La principal crítica por parte de las organizaciones que luchan por la transparencia electoral es que el Gobierno no aproveche la discusión actual para generar un cambio de fondo en la forma de financiar la política. Si bien saludan el cambio, afirman que no significa una transformación profunda en un aspecto que funciona como un agujero negro desde la vuelta de la democracia. Igualmente, aguardan para conocer el proyecto oficial terminado ya que hay cambios que se van a introducir hasta último momento. «Yo quería muchas más reformas pero me dijeron que hay que ir, como decía Mostaza Merlo, paso a paso», sostuvo el jefe de Estado desde el Centro Cultural Kirchner.
El financiamiento de la política se debate a nivel global y la mayoría de los países admiten tener problemas en la regulación de ese aspecto. De hecho, en Brasil hay un escándalo judicial por los pagos realizados durante las últimas campañas electorales y en nuestro país el juez Ariel Lijo determinó que en la campaña electoral de Cristina Kirchner en 2007 hubo lavado de dinero y procesó al ex titular de la Superintendencia de Servicios de Salud, Héctor Capaccioli y a varios empresarios farmacéuticos. Por eso, desde CiPPEC señalan que una reforma debería cambiar la práctica de las donaciones en efectivo, la prohibición a los aportes de personas jurídicas, las sanciones solo pecuniarias y los sistemas de control.
El Gobierno responde que su proyecto fortalecerá la capacidad de vigilancia de las autoridades judiciales con un presupuesto anual especial que no podrá ser inferior al diez por ciento (10%) del Fondo Partidario Permanente para cualquier gasto orientado al control del financiamiento de las agrupaciones políticas.
En las últimas elecciones presidenciales se estima extraoficialmente que cada candidato gastó mil millones de pesos en su campaña electoral. Esto sobrepasa en más de un 300% el máximo permitido por ley. Sin embargo, hay otro aspecto clave que debería ser regulado en caso de lograr que los presidenciales cumplan su parte y es que las provincias acepten introducir reglas similares en sus distritos. En la actualidad sólo 5 de las 24 jurisdicciones exigen rendiciones de cuentas. De hecho, Buenos Aires no cuenta con una ley de financiamiento electoral. De esa manera, se habilita una trampa: un candidato a intendente hace una campaña publicitaria junto a un presidencial. Éste último aparecería en todas las cuadras de un municipio para, luego, hacerlo pasar como un gasto de la campaña del candidato a intendente, quien no tiene la obligación de rendir cuentas ante la Provincia. Es una forma que tienen los candidatos a presidente de obtener beneficios de la campaña sin rendir cuentas.
El debate por el financiamiento electoral implica un sinceramiento sobre la forma en que se hace política en el país. Una discusión transversal que requiere altos niveles de consenso y fuertes organismos de control que eviten los negociados entre privados y espacios políticos que se retroalimentan en la oscuridad con favores mutuos, que derivan en escándalos de corrupción.