Duró una semana: la Superintendencia suspendió la resolución que recortaba prestaciones de discapacidad

Además de todos los desafíos que enfrentan las familias de personas con discapacidad, la Superintendencia de Servicios de Salud asustó con una resolución de recorte a la discapacidad. Ahora, dieron marcha atrás.
Por: Fernanda Villosio

Después de recibir un aluvión de críticas de distintos sectores, la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) decidió suspender la polémica resolución 1231/19 que restringía las prestaciones a las personas con discapacidad y que había emitido apenas una semana antes. Fuentes de la entidad adelantaron ésto a #BORDER y ayer salió la resolución modificatoria que pueden leer haciendo click acá.

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/216801/20190917

En la Superintendencia aseguraron que «hubo una malinterpretación de lo que quisimos hacer ya que se confundió recorte con reordenamiento. Nadie va a quedar sin las terapias que le prescriba el médico».

Sin embargo, no fue eso lo que se leyó desde los sectores afectados. Familias, terapeutas e instituciones vinculadas con la discapacidad manifestaron públicamente, a través de las redes sociales, su rechazo a la resolución por considerar que vulneraba los derechos establecidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene jerarquía constitucional, y en la ley de Prestaciones Básicas para las Personas con Discapacidad (leyes 26.378 y 24.901). Inclusive distintas organizaciones ya habían puesto fecha para marchar frente al edificio de la Superintendencia en Av. Roque Sáenz Peña al 500.

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La controvertida resolución limitaba la cantidad de terapias ambulatorias que podían recibir los pacientes, así como también la cantidad de horas de prestaciones de apoyos que debían aprobar las obras sociales, prepagas y otros agentes de salud. Por otro lado, imponía límites a los tratamientos propuestos por los médicos tratantes, según su criterio científico y profesional. Este, según la ley, es el que debe regir a la hora de establecer el sistema de terapias que necesita cada discapacitado y no una mera resolución administrativa.

Además, lo preocupante de la medida es que se dio en un contexto de ajuste impuesto tanto desde el Estado como desde las obras sociales, lo cual generó aún más intranquilidad en las familias.

La regulación iba a entrar en vigencia a partir de enero del 2020 para quienes ya estén en tratamiento, en tanto que sería de efectiva aplicación para las nuevas terapias.

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Durante la semana pasada y frente a los cuestionamientos recibidos, la Superintendencia trató de convencer a la los distintos actores sociales de que esta decisión no se trataba de un «ajuste». Incluso, emitió un comunicado de prensa en el que afirmaba que «no se violaban los derechos de las personas con discapacidad».

Nadie duda de que el sistema de prestaciones a la discapacidad necesita mayor cantidad de controles para evitar abusos y excesos que se cometen por parte de distintos actores, distorsionando el espíritu del mismo. Pero esta resolución de la SSS, pese a lo que ellos mismos afirmaban, no pareció destinada a impartir justicia y a proteger a los más vulnerables sino que, por el contrario, los discapacitados volvían a convertirse en la variable de ajuste de un sistema que está colapsado.

Antes de suspenderla, fuentes oficiales defendían la resolución y aseguraban a #BORDER: «Tiene mucho respaldo desde los prestadores de discapacidad, técnicos y académicos. Fue muy consensuada y, por eso, pensamos que todo se va a ir calmando a lo largo de los días, entendiendo que es justamente todo lo contrario a lo que se teme y que no nos metemos, justamente, con la prestación».

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Sin embargo, estas aclaraciones públicas no fueron suficientes. La letra de la resolución parecía decir otra cosa. Con el correr de los días creció el descontento. Y familiares y terapeutas se organizaron para protestar tanto en las redes como en la calle.

#BORDER pudo saber que durante la semana hubo reuniones contra reloj en la SSS y que se ensayaron distintas modificaciones para llevar calma a los pacientes. Incluso, a último momento, debieron frenar (con bastante desprolijidad por tratarse de una resolución del Estado de esta importancia) los instructivos que algunas obras sociales ya habían enviado a sus afiliados poniendo en marcha la nueva reglamentación.

Sin embargo, el viernes 13 se tomó la decisión de dar marcha atrás con esta polémica medida, lo que ayudó a descomprimir el malestar social. Habrá que ver si se trata de la muerte definitiva o va a reflotarse con cambios.

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