El ahora “juez enemigo” fue hace 6 años la garantía de CFK para declarar en una causa que ella inició contra un diario de Italia. La ex presidenta invitó al juez a Olivos, pero no quedaron registros oficiales de ese ingreso ni fotos. El elogio de Diana Conti y la carpeta de inteligencia.
Otros tiempos. La escena sucedió hace seis años. Cristina Kirchner transitaba el segundo año de su segundo mandato como presidenta. Claudio Bonadio no era el juez que ahora se presta a un “montaje mediático”, según los testimonios más benévolos de los militantes y dirigentes K.
Fue el jueves 29 de noviembre del 2012. Vía satélite, desde la quinta de Olivos, la viuda de Néstor Kirchner respondió durante más de dos horas por videoconferencia a las preguntas de Elena Scozzarela, jueza penal de primera instancia de la sección sexta de Roma, Italia, por la denuncia por calumnias e injurias que la entonces Presidenta había iniciado contra el diario Corriere della Sera, su director, Paolo Miel, y la periodista María Egizia Fiaschetti. El matutino, uno de los más importantes de la capital italiana, había publicado un supuesto “tour de compras” de Cristina en el 2008 en una joyería romana que, en los hechos, nunca existió. La publicación había sido titulada “Hambre y Dolce Vita en Roma”.
La ex jefa de Estado dio detalles de su periplo por la capital italiana. Habló de su disertación en la cumbre de la FAO, la principal actividad de aquel viaje de principios de junio del 2008. De un encuentro con el entonces mandatario de Brasil, Lula da Silva. Y de diversas reuniones protocolares. Pero rechazó la versión del “tour de compras”.
Decían que yo me había ido a Bulgari y me había comprado no sé qué cosa, de azabache, de oros y de diamantes, por más de 100 mil euros.
— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) May 3, 2013
Acompañada por colaboradores y los funcionarios de mayor confianza, había una presencia en la sala de conferencias de Olivos que, seis años después, cobra relevancia. Sorteado como garante en el país, Bonadio observó la audiencia cerca de la ex Presidenta. Lo llamativo es que el nombre del juez federal que ahora acorrala a la viuda de Kirchner por el caso conocido como “los cuadernos de las coimas K” no aparece en los registros de entrada a la quinta de Olivos de ese día, según las copias que obtuvo la ONG Poder Ciudadano tras un pedido de acceso a la información.
Por aquellos tiempos, Bonadio no era un juez vapuleado por la militancia kirchnerista. Ni “medio tonto”, como lo defenestró Gregorio Dalbón, uno de los abogados de la ex mandataria. Todo lo contrario.
Si bien el magistrado mantenía abiertas un par de causas contra funcionarios como Ricardo Jaime o sindicalistas como Hugo Moyano, que se empezaba a distancia de la gestión K, la cúpula del Gobierno de ese momento era intocable. En el 2009, por caso, el magistrado había sobreseído en trámite exprés a los secretarios privados de Néstor Kirchner denunciados por enriquecimiento ilícito. Entre ellos a Daniel Muñoz, fallecido en mayo del 2016. Según los cuadernos de Oscar Centeno, Muñoz era el receptor de los bolsos con dinero que Roberto Baratta dejaba en el departamento Juncal y Uruguay del ex matrimonio presidencial.
En noviembre del 2010 la diputada ultra K Diana Conti, representante de la Cámara baja en el Consejo de la Magistratura, le dijo al diario La Nación que Bonadio era “un ejemplo de juez independiente”. “Resuelve de acuerdo con sus convicciones siempre. Desde que Carlos Kunkel y yo estamos en el Consejo él nunca tuvo que presentarse a declarar”, agregó. En esos días, la avanzada del juez contra Moyano, que al final no fue tal, empezó a caer con simpatía en Olivos.
La relación entre el magistrado y el kirchnerismo empezó a quebrarse hacia el final del mandato de Cristina. Con el impulso de las investigaciones por Hotesur y Los Sauces, con la ex mandataria como eje central de los expedientes.
El primer procesamiento del juez que ahora pone contra las cuerdas a la senadora fue en mayo del 2016, en la causa por las operaciones de dólar futuro. Según el magistrado, dichas operaciones eran avaladas política por Cristina. Y ejecutadas por su ministro Axel Kicillof.
Pero la grieta empezó a agrandarse después de que la anterior administración denunciara al juez por enriquecimiento y lavado de dinero por su participación accionaria en la firma Mansue SA, dedicada a la explotación de una estación de servicio, que compartía con familiares.
El kirchnerismo sacó a relucir que su hijo Mariano había compartido directorio con el juez en el 2004. La filtración de su hijo fue lo que más molesto a Bonadio. Fue la respuesta K por los allanamientos dispuestos en el marco de la causa Hotesur.
Ahora, entre los documentos obtenidos en los allanamientos a los domicilios de Cristina apareció una carpeta de presunta inteligencia sobre Bonadio. La historia vuelve a repetirse.
