La reciente aprobación de la ley Bases y el paquete fiscal en el Congreso generó un profundo malestar entre algunos gobernadores, especialmente los de la región sur, quienes ven con preocupación la reposición del Impuesto a las Ganancias en la cuarta categoría. Esta medida, que afecta directamente a sectores clave como los trabajadores petroleros y pesqueros, llevó a los mandatarios a considerar acciones legales para revertirla.

Es el caso del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, quien criticó duramente la decisión, calificándola como un «avance inconsulto» que podría tener graves repercusiones económicas y sociales en su provincia. En este sentido, Torres adelantó la posibilidad de llevar el reclamo ante la Justicia, subrayando que la medida no fue consensuada y podría perjudicar a miles de trabajadores chubutenses.

En la misma línea, Gustavo Melella, gobernador de Tierra del Fuego, también manifestó su intención de recurrir a la vía judicial. Melella destacó que la inclusión de su provincia en el pago de Ganancias representa un cambio significativo que podría afectar negativamente a la economía local, ya debilitada por otros desafíos económicos.

«Fuimos ahora a la justicia y estamos en la Justicia en la discusión por la quita del subsidio al gas. Seguramente vamos a terminar en la justicia porque el texto que se aprobó en Diputados la primera vez y se volvió a aprobar después incluye a los fueguinos para empezar a pagar ganancias, cosa que nunca sucedió», sostuvo Melella.

Por otro lado, en La Pampa, aunque no se prevé una acción legal directa desde el gobierno provincial, varios gremios, incluidos los médicos, comenzaron a explorar opciones legales para proteger sus ingresos ante el impacto del impuesto. Este movimiento podría complicar aún más la situación en el sector salud, ya bajo presión debido a la pandemia y otros factores.

En este contexto, la mediación del gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, es crucial para intentar mitigar las tensiones con los sectores petroleros, vitales para la economía regional. Sin embargo, las negociaciones continúan siendo un desafío, dada la complejidad y el alcance del conflicto.

El próximo capítulo de este enfrentamiento se jugará en los tribunales, donde se espera que los argumentos de las provincias patagónicas encuentren respaldo legal. La decisión no solo determinará el futuro económico de miles de trabajadores, sino que también sentará un precedente sobre la autonomía fiscal de las provincias frente al gobierno nacional.

Los próximos meses serán decisivos para definir el curso de acción de los gobernadores y el impacto final de esta medida en el tejido económico y social del sur argentino.