La ex presidenta se permitió dudar sobre las razones de los fiscales Pollicita y Mahiques para pedir su indagatoria y sobre el porqué sólo enfocaron su investigación en la relación entre el Estado Nacional y Santa Cruz, en el reparto de fondos. Esa provincia recibió $ 21 mil millones para obras viales, sólo desde 2010. Un monto desproporcionado en comparación con otros distritos, que se agiganta al analizar otras variables, como el parque automotor o la tasa de siniestros en rutas.
La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner sumó esta semana una nueva complicación judicial, cuando los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques le elevaron al juez Julián Ercolini un pedido de declaración indagatoria por supuestamente haber montado una asociación ilícita para, entre otras cosas, sustraer fondos públicos en la asignación “discrecional” de obras viales para Santa Cruz, en especial, asignadas al empresario amigo Lázaro Báez.
La reacción de la ex mandataria llegó a través de una carta publicada en las redes sociales. Allí, además de despotricar contra el “PJ (Partido Judicial)”, ironizó con que para los fiscales el plan “para delinquir” sólo contaba con un “socio”: Lázaro Báez. “Pero ‘sólo’ en dos jurisdicciones: en el Estado Nacional y la provincia de Santa Cruz”, agregó.
La millonaria transferencia de fondos del gobierno nacional a la provincia patagónica que se realizó durante todo el kirchnerismo es la respuesta a la pregunta de Cristina. Según una auditoría de los nuevos funcionarios de la Dirección de Vialidad Nacional, entre 2010 y 2015, Santa Cruz recibió $ 21.269 millones para obras en rutas. Sólo lo superó la provincia de Buenos Aires, con $ 25 mil millones.
Sin embargo, si se toma la cifra realmente ejecutada, la provincia asciende al primer lugar de la tabla. Según citan los fiscales, el pago chico del kirchnerismo, el distrito desde donde llegaron al poder, tuvo una ejecución del 11,2% de las obras viales de todo el país. “Para tomar real dimensión de lo que ello implica, se le destinó lo que en conjunto se asignó para ocho provincias: La Pampa, Tierra del Fuego, Jujuy, San Luis, Catamarca, Tucumán, Neuquén y Misiones; e incluso un monto por encima del 11% ejecutado en la provincia de Buenos Aires, la más poblada y extensa de nuestro país con conocidas necesidades en la materia”, señalan Pollicita y Mahiques en su presentación judicial.
Las necesidades viales de cada provincia se pueden medir por distintas variables, como la extensión territorial, la cantidad de automotores, o la tasa de siniestros, por ejemplo. Todos factores que, además, afectan al desarrollo productivo de una región. Y en ese análisis, también queda en evidencia lo desproporcionado de los beneficios a Santa Cruz.
En relación con el parque automotor, el cálculo da que los santacruceños recibieron $141 millones por vehículo, cuando los bonaerenses apenas recibieron $ 4,8 millones. Surge de las estadísticas que realizó la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA), con datos de 2014. Allí, se puede ver que en Santa Cruz había poco más de 150 mil vehículos, entre automóviles, utilitarios livianos, vehículos de carga y ómnibus. En cambio, Buenos Aires tenía para esa fecha más de 5,1 millones. Santa Cruz es el noveno distrito con la menor cantidad de vehículos.
La amplia diferencia queda más expuesta si se considera que Buenos Aires tiene una superficie incluso mayor. Son 307 mil kilómetros cuadrados contra 244 mil de Santa Cruz. Es decir, en Buenos Aires hay 16,6 autos por km2, contra 0,6 en Santa Cruz. A más autos, más necesidades de inversión y mantenimiento.
La otra cara de la película son los siniestros viales, y en ese punto también aparece injustificada la abultada transferencia de fondos a Santa Cruz. Según datos oficiales, es la provincia con menor tasa de accidentes de tránsito con víctimas. Para 2014, la provincia de los Kirchner tenía una tasa de 58,76 siniestros cada 100 mil habitantes, cuando el total nacional era de 198,06. En el lado opuesto de la tabla estaban provincias como La Rioja y Chaco con más de 600 accidentes cada 100 mil habitantes.
La presentación de los fiscales, además, destaca que las empresas de Lázaro Báez recibieron, de manera discrecional, el 80% de las obras, por un monto superior a los $ 16 mil millones. Como si fuera poco, agregan que de las 49 obras adjudicadas al Grupo Báez, sólo dos fueron terminadas en el plazo previsto en el contrato original. Y señalan un caso de una obra “que debía realizarse en 3 años, en la actualidad, lleva más de 11 años y tan solo se construyó un 43% de la misma”.