La Justicia de La Plata dio un paso clave en una de las causas más sensibles y graves que sacuden al ámbito político bonaerense. Este lunes 2 de febrero, el juez de Garantías Juan Pablo Masi dictó la prisión preventiva de Nicolás Rodríguez y Daniela Silva Muñoz, ambos empleados legislativos y referentes políticos, acusados de haber liderado un esquema sistemático de abusos sexuales, amenazas y privación ilegal de la libertad en el Senado de la provincia de Buenos Aires, confirmaron fuentes del caso a #BORDER.

Con esta resolución, los imputados continuarán detenidos mientras avanza la investigación y hasta que el caso sea elevado a juicio oral. El magistrado hizo lugar al pedido formulado por la fiscal Betina Lacki, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N° 2 de La Plata, quien había reclamado la medida al considerar acreditados los riesgos procesales y la contundencia de la prueba reunida hasta el momento.

En paralelo, el juez ordenó iniciar el trámite para un eventual arresto domiciliario una vez que la prisión preventiva quede firme. Esto significa que, a futuro y bajo determinadas condiciones legales, existe la posibilidad de que los acusados cumplan la detención preventiva bajo esa modalidad, una cuestión que será analizada más adelante y que no implica, por ahora, ningún cambio en su situación actual.

Los fundamentos de la prisión preventiva

En su resolución, Masi ponderó la gravedad de los hechos imputados, la extensión temporal de las conductas denunciadas y el patrón de violencia que surge de los testimonios incorporados al expediente. Según la acusación, Rodríguez y Silva Muñoz habrían ejercido violencia sexual reiterada, combinada con mecanismos de coerción, manipulación psicológica y amenazas, en un contexto de fuerte asimetría de poder.

La fiscalía sostuvo —y el juez compartió— que mantener a los acusados detenidos resulta necesario para resguardar a las víctimas, evitar posibles presiones o intimidaciones y garantizar el normal avance del proceso judicial. También se valoró la complejidad de la causa y la cantidad de hechos investigados, así como la existencia de elementos objetivos que respaldan los relatos de las denunciantes.

Las víctimas están representadas por los abogados Andrés Noetzly e Ignacio Fernández Camillo, quienes vienen siguiendo de cerca el desarrollo de la causa y acompañaron a las jóvenes en cada una de las instancias judiciales. Desde la querella remarcaron la importancia de la prisión preventiva como una medida de protección y como un mensaje claro frente a la gravedad de los delitos denunciados.

La audiencia clave y el reclamo de las víctimas

La decisión se conoció luego de una audiencia considerada clave, que se desarrolló el viernes 30 de enero, en plena feria judicial de verano y que estuvo dividida en dos tramos. En el primero, declararon dos de las víctimas, cuyas identidades se mantienen en estricta reserva. Ambas expresaron su profundo malestar por la filtración de chats privados a medios de comunicación, una situación que —según relataron— las volvió a exponer públicamente y generó un nuevo daño emocional.

Frente a ese planteo, el juez solicitó a la fiscalía que la investigación se mantenga bajo la máxima reserva, con el objetivo de evitar filtraciones y preservar la intimidad de las denunciantes. En el segundo tramo, la fiscal Lacki sostuvo el pedido de prisión preventiva para ambos acusados, que finalmente fue concedido.

El entramado de poder y la supuesta secta

De acuerdo con lo reconstruido en el expediente judicial, las conductas atribuidas a Rodríguez y Silva Muñoz no se limitaron a hechos aislados, sino que habrían formado parte de un esquema organizado y sostenido en el tiempo. La fiscalía describe la existencia de una supuesta secta denominada “Orden de la Luz”, utilizada como herramienta de control psicológico y sometimiento.

Según la acusación, bajo la fachada de la agrupación política Movimiento Ciudadano La Capitana —dirigida por los imputados— se desplegaba una metodología específica de cooptación de jóvenes, en su mayoría adolescentes o recién mayores de edad. A las víctimas se les ofrecían oportunidades educativas, pasantías o inserción laboral vinculadas al ámbito legislativo, lo que funcionaba como puerta de entrada a un vínculo que luego derivaba en situaciones de abuso.

La investigación advierte, además, sobre posibles ramificaciones dentro del entorno político provincial, un aspecto que todavía se encuentra bajo análisis y que le da a la causa una dimensión institucional particularmente delicada.

Los hechos denunciados: una cronología de abusos

Las denuncias abarcan episodios ocurridos entre los años 2015 y 2023. En total, se investigan al menos nueve hechos documentados, con cuatro mujeres como denunciantes. Dos de ellas realizaron sus presentaciones en 2019 y las otras dos en 2025, todas bajo la órbita de la UFI N° 2 de La Plata.

Los testimonios incorporados al expediente describen un patrón reiterado de sometimiento sexual, amenazas y violencia. Dos de las víctimas principales relataron ante la fiscalía episodios consistentes y coincidentes, tanto en la modalidad de los abusos como en los mecanismos de control utilizados.

Una de ellas declaró que conoció a Nicolás Rodríguez en 2016, cuando él tenía 33 años y se desempeñaba como ayudante de un profesor, mientras ella aún cursaba la escuela secundaria. Según su relato, Rodríguez y Silva Muñoz utilizaron su influencia y la promesa de participación en actividades legislativas para acercarse. Con el tiempo, comenzaron los encuentros y luego los episodios de abuso sexual, que en algunos casos se concretaban mediante amenazas y en otros a través de una intensa manipulación psicológica.

Otro de los mecanismos recurrentes, según surge de las declaraciones, consistía en convencer a las víctimas de que su participación sexual era necesaria para el “equilibrio espiritual” y para satisfacer a quien se autodefinía como “Kiei”, señalado como el líder de la supuesta secta.

Violencia extrema, amenazas y control

Otra de las denunciantes relató que, tras un primer contacto en un encuentro de politólogos realizado en el Senado bonaerense, Rodríguez le ofreció una pasantía. Ese acercamiento derivó en una reunión en la que, de acuerdo con su testimonio, fue sometida a abusos sexuales bajo presión, sin que su negativa fuera respetada. Con el tiempo, Rodríguez y Silva Muñoz la integraron a una relación sexual forzada de tríada.

“Al principio fue consentido, pero estos actos fueron persistiendo con el tiempo. Ya de mi parte no estaban esas mismas ganas de continuar y cuando quise salir de esa situación comenzaron las presiones tanto de Nicolás como de Daniela”, declaró la mujer ante la fiscalía.

Ambas víctimas relataron que, a lo largo de los años, la presión incluyó maniobras de acoso, amenazas contra sus familias y advertencias sobre supuestas consecuencias negativas si decidían romper el vínculo. Una de las jóvenes aportó más de 200 correos electrónicos enviados durante años, a distintas horas del día y de la noche, con órdenes de obediencia, instrucciones para presentarse en determinados lugares y mensajes de contenido espiritual y sexual.

El dictamen fiscal también describe episodios de extrema violencia. Entre ellos, una de las denunciantes relató que fue obligada a practicar sexo oral bajo amenaza con cuchillos, y que en otra ocasión fue atada de manos y pies dentro de una combi, sin posibilidad de escapar. También se mencionan prácticas denominadas “entrenar el fuego”, en las que las víctimas eran expuestas deliberadamente al dolor  físico como parte del sometimiento.

Medidas de protección y organismos intervinientes

La investigación se apoya además en informes médicos, denuncias previas y la intervención de organismos estatales como el Ministerio de las Mujeres y la Dirección de Género del Senado bonaerense. Si bien se dictaron restricciones de acercamiento, las víctimas manifestaron en distintas oportunidades dificultades para que esas medidas se cumplan de manera efectiva.Desde la querella insistieron en que la prisión preventiva resulta una herramienta clave para garantizar la seguridad de las denunciantes y evitar nuevas situaciones de intimidación o presión.

Qué sigue en la causa

Con la prisión preventiva ya dictada, el expediente avanza hacia la etapa de instrucción final y eventual elevación a juicio oral. En paralelo, el inicio del trámite para un posible arresto domiciliario abre un escenario que será debatido más adelante, una vez que la medida quede firme y siempre bajo control judicial.

Por ahora, Nicolás Rodríguez y Daniela Silva Muñoz seguirán detenidos, imputados por delitos de extrema gravedad que podrían derivar en penas severas en caso de ser hallados culpables. La causa, que combina violencia sexual, manipulación psicológica y presuntas ramificaciones políticas, continúa generando un fuerte impacto institucional y social en la provincia de Buenos Aires.