Acusan a un diputado libertario de exigirle a asesores una parte de sus sueldos

A partir de audios que se filtraron del legislador nacional de LLA por Tierra del Fuego Santiago Pauli.
Por: #BorderPeriodismo

El diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) por Tierra del Fuego Santiago Pauli quedó envuelto en acusaciones por presuntamente presionar a asesores para que le giren una parte de sus sueldos para solventar gastos del partido violeta. Se habrían filtrado audios que se los atribuyen a él en los que estaría diciendo que le debían devolver el ítem de "desarraigo" de su salario.

El monto de ese "aporte" equivale a unos 500.000 pesos y su destino sería para cubrir gastos del partido en la ciudad fueguina de Río Grande, como organizar eventos y pagar alquileres de locales de LLA.  Supuestamente, sería Pauli quien en las grabaciones le pide a un puntero lo que recibe por "desarraigo", a lo que éste se niega, planteándole que necesita ese dinero para vivir.

 

El denunciante es Rolando Correa, quien es el que conversa con Pauli en los audios. En un principio trabajó con el diputado como asesor y luego pasó al bloque libertario de la Legislatura fueguina, integrado por Natalia Gracianía y Agustín Coto.

"Es simple de entender, es un viático por un trabajo que alguien no hace, en vez de exigir un porcentaje de un contrato que es lo que cualquier partido hace, dijimos, quedate con el 100% del contrato, pero danos los viáticos que no estás usando", se escucha que Pauli le dice a Correa, cuando éste se niega al aporte.

Y agrega: "Me parece una locura vender empanadas (tal como le propuso Correa para no desprenderse de su plus salarial) para pagar los alquileres, cuando entre los desarraigos de la gente que está en Río Grande se puede pagar, y hasta nos sobra plata para otras cosas".

De todos modos, Correa denunció el caso sin acudir aún a la Justicia fueguina y hasta el momento apuntó contra Pauli sólo haciendo llegar los audios a medios de comunicación.

El ítem "desarraigo" es un plus salarial con la finalidad de solventar los gastos de traslado y residencia de los empleados que cumplen funciones en la Legislatura provincial, que se encuentra en Ushuaia, y deben viajar desde Río Grande, ubicada a 200 kilómetros de distancia.

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