La Justicia federal de Lomas de Zamora realizó un allanamiento en las oficinas de Fernando Julián Martínez, director del Servicio Penitenciario Federal (SPF), en el marco de una investigación por presuntos vínculos con empresas que proveían alimentos en mal estado a los detenidos.
El juez Federico Villena sospecha que el SPF permitió una cartelización en el servicio de alimentación del penal de Ezeiza, utilizando empresas pantalla para evadir sanciones judiciales previas. Esta maniobra habría afectado gravemente la calidad de la comida destinada a los presos.
Durante el operativo, Martínez intentó evitar el secuestro de su celular entregando un equipo viejo y alegando la pérdida del dispositivo habitual. Sin embargo, un informe técnico reveló que la última señal del teléfono perdido fue detectada en una antena de Barracas apenas una hora antes del allanamiento, lo que alimenta la hipótesis de que habría destruido el aparato para ocultar pruebas.
La causa se originó a partir de denuncias sobre la calidad de los alimentos en Ezeiza. Los análisis de la ANMAT detectaron la presencia de bacterias como Escherichia coli en niveles peligrosos para la salud humana, confirmando que la comida no era apta para el consumo.
El juez Villena prohibió a la empresa Foodrush continuar con el servicio, pero descubrió que la nueva prestadora, Bio Limp, utilizaba los mismos camiones y empleados, y facturaba sumas millonarias a la firma sancionada, lo que sugiere que se trata de una fachada para continuar con la operación irregular. El magistrado incluso probó la comida en la cárcel y sufrió una descompensación, describiendo el cuadro como un episodio “vomitivo”.
Martínez asumió la dirección del SPF en marzo de 2024, designado por la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Bajo su gestión, la fuerza pasó de la órbita del Ministerio de Justicia al Ministerio de Seguridad en diciembre de 2023, un cambio que marcó una nueva etapa en la administración penitenciaria.
Otro dato que llamó la atención de los investigadores fue que Martínez se movilizaba en una camioneta secuestrada a nombre de Enrique “Quique” Antequera, un referente de la feria La Salada que permanece prófugo de la Justicia, lo que genera más interrogantes sobre sus vínculos.
A pesar de que la fiscal Cecilia Incardona solicitó la nulidad del operativo, el juez Villena cuenta con el respaldo de la ministra de Seguridad actual, Alejandra Monteoliva, quien expresó su disposición a colaborar con la investigación. El objetivo es desarticular las “mafias enquistadas hace muchos años” en el sistema penitenciario, según palabras del magistrado.
Este caso pone en evidencia la gravedad de la corrupción dentro del Servicio Penitenciario Federal y el impacto directo que tiene sobre la salud y la dignidad de los detenidos, una problemática que ahora está bajo la lupa judicial con máxima atención.
