El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) aprobó el Informe de Evaluación Mutua de la República Argentina, por lo que el país no ingresará en la “lista gris” del organismo, lo cual podría haberle valido sanciones.

La aprobación se dio en el marco de la cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas desarrollado en París, Francia.

La misma contó con la participación del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; el secretario de Justicia, Sebastián Amerio; el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Ignacio Yacobucci; el presidente de la Cámara de Casación, Mariano Borinsky, y Eugenio Curia, diplomático de carrera que coordinó el trabajo. 

También estuvo Juan Tomás Rodríguez Ponte, director ejecutivo de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado como representante de la Corte Suprema.

El titular del ministerio de Justicia celebró la noticia y resaltó el “arduo trabajo” del Gobierno. “Desde el Ministerio de Justicia, atendimos las observaciones que nos hicieron, para fortalecer el cumplimiento de los estándares internacionales, reafirmando nuestro compromiso contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo”, manifestó.

El informe aprobado es fruto de unproceso de evaluación del Estado argentino llevado adelante por el Comité de Coordinación para la Prevención y Lucha contra el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, el cual fue creado por decreto 331/2019, y del equipo evaluador del GAFI, integrado por representantes de distintos organismos del Estado Nacional, incluida la Corte Suprema.

En el informe el país se refirió a “la efectividad, principalmente en materia de investigación, procesamiento y sanción del delito de lavado de activos (asociado al Resultado inmediato 7) y el recupero de activos de esos delitos (asociado al Resultado inmediato 8)”.

El GAFI es el organismo internacional G40 integrado por los países más influyentes del mundo y organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el Banco Mundial, el FMI, la Comisión Europea y las Naciones Unidas. Su objetivo es promover los sistemas nacionales de prevención en materia de lavado de dinero, terrorismo y financiamiento del terrorismo.

Caer en la “lista gris” -un alista de países incumplidores- implica perjuicios para la economía y el acceso al crédito internacional.