Frente al Congreso Nacional, y en distintas ciudades del país, se llevaron a cabo movilizaciones convocadas por ONG y agrupaciones vinculadas al ámbito de la discapacidad.
El objetivo fue reclamar la pronta aprobación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, una iniciativa que busca dar respuesta a la crítica situación que atraviesan personas con discapacidad, sus familias y los profesionales que los asisten.
"Este es un reclamo social, no político", advirtieron los organizadores al inicio de la jornada, en un intento por mantener el carácter apartidario de la protesta. Incluso se solicitó a los espacios políticos que decidieran acompañar la manifestación que lo hicieran sin banderas ni consignas partidarias.
Desde las primeras horas de la mañana, las columnas comenzaron a concentrarse frente al Palacio Legislativo. Según los convocantes, el sistema de atención a personas con discapacidad se encuentra colapsado por años de desfinanciamiento, malas gestiones estatales y, recientemente, por los recortes presupuestarios impulsados por el actual gobierno.
Entre los reclamos principales se destacan la suspensión de coberturas, los bajos honorarios de los prestadores y los retrasos de varios meses en los pagos.
“La situación es insostenible”, afirmaron desde TEActiva, una de las organizaciones presentes, dedicada a la atención de personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA). Según datos de la entidad, 1 de cada 31 niños en la Argentina tiene diagnóstico de TEA, lo que impacta en millones de personas entre familias, terapeutas y docentes.
La protesta coincidió con el avance en el Congreso del proyecto de Ley de Emergencia en Discapacidad, presentado por el diputado de Unión por la Patria, Daniel Arroyo. La iniciativa propone garantizar hasta diciembre de 2027 el acceso a prestaciones de salud, educación, empleo y protección social para personas con discapacidad.
También incluye el fortalecimiento de prestadores, la actualización de aranceles en base al IPC y un estudio de costos anual, además del cumplimiento efectivo del cupo laboral y beneficios para empresas que contraten trabajadores de este colectivo.
El texto cuenta con apoyo de sectores del peronismo, la izquierda, la Coalición Cívica, bloques radicales, Innovación Federal y Encuentro Federal. Sin embargo, enfrenta la resistencia del oficialismo.
Desde el Ejecutivo se cuestiona la viabilidad fiscal de la propuesta y se la tilda de “regresiva”. Voceros de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) señalaron que el enfoque del proyecto responde a un “modelo asistencialista que ya fracasó”.
A pesar de las objeciones, la iniciativa cuenta con tres dictámenes de comisión, por lo que podría llegar al recinto en los próximos días. Desde Casa Rosada, sin embargo, insisten en priorizar el cumplimiento de la meta de “déficit cero”.
La jornada de protesta tuvo alcance nacional, con actividades en ciudades como Posadas, Bariloche, Mendoza, Córdoba, Tucumán, Chivilcoy y otras localidades del interior.
En todos los casos, se repitieron consignas como “Lo esencial es invisible al Estado” y “Un país que recorta al sector más vulnerable es un país que nada tiene que ver con el que soñaron nuestros próceres”.
Durante la tarde, continuaban previstas concentraciones en puntos como San Nicolás, Santa Fe y distintas ciudades entrerrianas, en una muestra del respaldo federal que ha logrado este reclamo.
