La investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra a Francisco Adorni, diputado bonaerense de La Libertad Avanza y hermano del jefe de Gabinete, sumó una nueva medida judicial. El fiscal federal Guillermo Marijuan solicitó formalmente a la Oficina Anticorrupción (OA) la última declaración jurada presentada por el legislador para incorporarla al expediente.
De acuerdo con la documentación presentada ante la OA, el legislador volvió a rectificar su declaración jurada. En esta oportunidad modificó nuevamente la valuación correspondiente al 50% de una vivienda ubicada en City Bell, que pasó de $67,5 millones a $52,6 millones. Además, incorporó cinco cajas de ahorro con un saldo total declarado de $2 millones.
La nueva corrección se suma a otra presentada en mayo, cuando informó el ingreso de una herencia por $21 millones y realizó cambios en el detalle de sus deudas y activos.
El expediente tramita en los tribunales federales de Comodoro Py y se originó a partir de una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano, quien advirtió presuntas inconsistencias en la evolución patrimonial del funcionario tras su llegada a la administración nacional durante el gobierno de Javier Milei.
En las últimas semanas, la investigación avanzó con nuevas medidas impulsadas por Marijuan y autorizadas por el juez federal Sebastián Casanello. Entre ellas, se realizó un procedimiento en el Ministerio de Defensa para reunir documentación sobre los cargos ocupados por Adorni desde 2023, sus designaciones y los ingresos percibidos durante ese período.
La Justicia también requirió información sobre las declaraciones juradas presentadas en los distintos puestos que desempeñó dentro del Estado, además de antecedentes salariales, retenciones y actos administrativos vinculados a sus nombramientos. Para el fiscal, esos datos resultan “indispensable” para determinar si existieron inconsistencias patrimoniales.
La investigación se concentra especialmente en el período iniciado en diciembre de 2023, cuando Adorni comenzó a desempeñarse en el Poder Ejecutivo nacional. Según el dictamen fiscal, el objetivo es establecer si existió “un presunto incremento patrimonial no justificado”.
Como parte de las medidas de prueba, el magistrado dispuso además el levantamiento del secreto fiscal y bancario del legislador, lo que permitió acceder a información tributaria y financiera vinculada a sus movimientos económicos.
La fiscalía también solicitó informes a más de 30 organismos públicos, entre ellos ARCA, AGIP y ARBA, para analizar declaraciones juradas, pagos impositivos, bienes registrables, operaciones económicas y eventuales sanciones.
Asimismo, se requirió información al Banco Central sobre cuentas bancarias, transferencias, depósitos, tarjetas, plazos fijos y cajas de seguridad. Migraciones, por su parte, deberá informar los viajes realizados por Adorni al exterior y los datos relacionados con esos desplazamientos.
