El Gobierno oficializó un decreto de necesidad y urgencia (DNU) que modifica el régimen migratorio vigente. La normativa establece nuevas condiciones para acceder a la residencia permanente y a la ciudadanía argentina, e introduce el cobro de aranceles en los servicios de salud y educación pública para personas extranjeras que no tengan regularizada su situación migratoria.
En este contexto, en declaraciones en Radio Rivadavia, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, respaldó la nueva política migratoria anunciada por el Gobierno de Javier Milei y aseguró que, a partir de los cambios implementados, “los extranjeros van a tener que pagar como en otros países” por el acceso a los servicios públicos.
A su vez, cuestionó: “Las deportaciones se hicieron imposibles. Hay extranjeros que vienen, se operan y se van”.
Por su parte, el vocero presidencial, Manuel Adorni, precisó que las medidas también contemplan la expulsión del país de cualquier inmigrante con antecedentes penales. Asimismo, quedarán excluidos quienes falseen información al momento de tramitar su ingreso o residencia.
El comunicado oficial del Gobierno
A través de un comunicado, la Oficina del Presidente explicó los fundamentos de la decisión: “Tal como se comprometió el Presidente Javier G. Milei en la apertura de sesiones ordinarias, se dictó un Decreto de Necesidad y Urgencia para realizar una profunda modificación del Régimen Migratorio”.
El texto oficial señala que la intención es “garantizar que el dinero de los pagadores de impuestos se utilice en ellos, que aquellos que delinquen no ingresen o sean expulsados de nuestro país, y que obtener la residencia permanente o la ciudadanía sea un trámite exigente”.
“Sepan todos aquellos que quieran habitar el suelo argentino, que en este país dentro de la ley, todo; fuera de la ley, nada”, cierra el comunicado.
