Un fuerte impacto judicial sacudió este jueves a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), luego de que el fiscal federal de Santiago del Estero, Pablo Simón, solicitara la detención e indagatoria del presidente Claudio “Chiqui” Tapia y del tesorero Pablo Toviggino, en el marco de una causa por presunta asociación ilícita agravada y lavado de activos.
La medida abarca decenas de empresas, inmuebles y vehículos vinculados a los imputados. Inicialmente, la causa quedó en manos del juez federal de Santiago del Estero, Sebastián Argibay, aunque por cuestiones de agenda fue derivada al juez de turno de Tucumán.
Según la acusación, Tapia y Toviggino integrarían “una organización criminal nacional e internacional con muchos recursos económicos que podrían obstaculizar la causa o salir del país”, de acuerdo con lo informado por el fiscal y publicado por Clarín.
El dictamen se basa en informes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Inspección General de Justicia y registros migratorios, que evidenciarían un esquema de adquisiciones y movimientos financieros incompatibles con los ingresos declarados.
La investigación apunta a una red de sociedades y activos vinculados a Toviggino, oriundo de Santiago del Estero, y su círculo cercano. Entre los bienes bajo análisis figuran estancias, propiedades, terrenos, vehículos, participaciones societarias y operaciones financieras como plazos fijos, acciones y dólar MEP.
La hipótesis fiscal sostiene que parte de estos activos habrían sido adquiridos con fondos transferidos desde la AFA mediante maniobras de presunto blanqueo de capitales.
Entre los imputados, además de Tapia y Toviggino, se encuentran Orlando Martín López, Mauro Javier Paz, Rosalía Argañaraz, Alejandro Sebastián Taborda Magallanes, Darío Fabián Toviggino, María Julia del Castillo Orellana, Manuel Hernán Del Castillo Orellana, Julia Argentina Orellana, Máximo Agustín Toviggino, María Valentina Toviggino, Rosa Elizabeth Cianferoni y Olga Beatriz Delgado.
El expediente también incluye a diversas sociedades comerciales. Entre ellas, Real Central SRL, atribuida a Luciano Pantano, señalado como presunto testaferro y propietario de una mansión en Pilar valuada en 17 millones de dólares. Asimismo, se mencionan las firmas Malte, DCT, Bori, HT, SOMA y Norte Argentino.
El fiscal incorporó además a la empresa TourProdEnter, vinculada al empresario Javier Faroni, por presuntas facturaciones a compañías relacionadas con el tesorero de la AFA. Estas firmas ya son objeto de investigación en otra causa tramitada en el juzgado federal de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay.
