La Cámara Federal porteña dispuso la libertad de Pablo Atchabahian, el médico mendocino que permanecía bajo arresto domiciliario por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Los jueces entendieron que no existen motivos suficientes para sostener la medida cautelar y que el proceso puede continuar con el imputado en libertad.

El tribunal integrado por Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico revocó la decisión del juez Sebastián Casanello, al señalar que “la restricción aplicada exclusivamente contra Atchabahian ya no resulta proporcional, y otras medidas menos gravosas, similares a las de los demás involucrados, bastan para asegurar el avance de la causa”.

Los camaristas también remarcaron que, más allá del riesgo abstracto que podría implicar la pena en expectativa por la imputación de liderar una asociación ilícita, “los otros argumentos para presumir riesgos no tienen respaldo actual”. En ese sentido, consideraron que las dificultades que tuvo la Justicia para ubicar al médico al inicio de la investigación respondieron a la etapa preliminar del expediente, cuando todavía no había sido citado formalmente.

Además, sostuvieron que no existen elementos que justifiquen por qué únicamente en su caso habría riesgos procesales, dado el estado actual de la causa. “Ni siquiera el fiscal identificó cómo el arresto domiciliario elimina esa chance”, apuntaron.

Atchabahian, quien fue funcionario de la ANDIS en 2018, se presentó el 14 de noviembre ante Casanello y el fiscal Franco Picardi, aunque decidió no declarar. Ese mismo día se le impuso el arresto domiciliario en su vivienda de Luján de Cuyo, Mendoza. Para la fiscalía, el médico sería una pieza clave en un entramado que manipulaba resoluciones, contratos y pagos desde fuera del organismo.

Otros imputados, como el exdirector Diego Spagnuolo y el supuesto intermediario Miguel Ángel Calvete, también optaron por guardar silencio. Según la acusación, tras la designación de Spagnuolo en 2024, Atchabahian habría impartido instrucciones pese a no ocupar un cargo formal.

Ordenaron profundizar la investigación sobre los audios

El tribunal también instruyó al juez Casanello a investigar el origen y la autenticidad de los audios atribuidos a Spagnuolo, que dieron inicio al expediente. Los magistrados subrayaron que la causa se abrió a partir de una denuncia basada en trascendidos periodísticos y que aún no se determinó si los archivos de audio fueron “manipulados, editados o armados total o parcialmente con inteligencia artificial”.

Al hacer lugar a un planteo de la defensa de Spagnuolo, los jueces advirtieron que los audios podrían constituir “prueba violatoria de los derechos y garantías constitucionales” al no contar con certeza sobre su origen y haber sido obtenidos, presuntamente, “subrepticiamente” o incluso de manera adulterada.

“Resulta estéril argumentar a esta altura sobre la admisibilidad de grabaciones efectuadas por particulares cuando esa afirmación no se encuentra respaldada en el expediente”, afirmaron. Y añadieron que la falta de claridad sobre el origen del material no solo impide avalar los planteos de las defensas, sino también sostener la resolución que los había rechazado.