El juicio por la causa Cuadernos se retomó hoy con la lectura de la acusación y en ese marco se sostuvo que “la asociación ilícita fue comandada por Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández, quienes ocuparon el cargo de Presidente de la República Argentina", en referencia a la presunta cartelización de contratos de la obra pública.
Por su parte, el organismo antilavado la UIF, sostuvo durante la onceava audiencia que la ex presidenta habría recibido 175 pagos ilegales por un total de 171.224.710 pesos y 613.000 dólares. Según indicaron, una de las empresas con vínculos comerciales con la entonces mandataria realizó 40 entregas de dinero ilícito que superaron los 85 millones de pesos.
“La asociación ilícita fue comandada por Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández, quienes ocuparon el cargo de Presidente de la República Argentina desde el 25 de mayo de 2003 hasta el 9 de diciembre de 2007, y desde el 10 de diciembre de 2007 hasta el 9 de diciembre de 2015, respectivamente”, se detalló durante la lectura de la acusación.
Además de la lectura de los delitos atribuidos, también se aludió a los concursos entre la asociación ilícita y sus planes delictuales. La fiscalía sostuvo que hay elementos suficientes para sostener que los delitos cometidos deben ser concursados, es decir, sumados.
Para la UIF, existió un “acuerdo espurio” entre funcionarios y empresarios que permitió sostener durante años un sistema de retornos vinculados a contratos de obras y servicios públicos.
Durante la lectura, que se extendió por unas cinco horas, se describió un mecanismo que se apoyó en resoluciones firmadas por el entonces titular de la Dirección Nacional de Vialidad, Nelson Periotti. En ese marco, los anticipos financieros eran de entre el 10 y el 20% del monto de las obras, o bien se fijaban sumas equivalentes a certificados de obra cuando esos anticipos no se concretaban.
El martes pasado se había completado la exposición de los testimonios de los últimos empresarios imputados que colaboraron con la Justicia y se profundizó en el análisis de las pruebas presentadas.
La revisión de pruebas se centró en figuras como Cristina Kirchner, el ex ministro Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas, José López y el financista Ernesto Clarens, acusados de cohecho pasivo reiterado.
La acusación sostiene que los acusados integraron un grupo organizado, activo entre 2003 y 2015 en el ámbito del Poder Ejecutivo, para recolectar fondos ilícitos de empresarios de la construcción, energía y transporte a cambio de ventajas en contratos públicos.
