El Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) evalúa las solicitudes de casi 50 imputados en la causa Cuadernos, quienes intentan alcanzar un acuerdo económico para quedar excluidos del juicio previsto para el próximo 6 de noviembre.
La audiencia se realiza de manera virtual a pedido de la fiscal general Fabiana León, quien solicitó un espacio para que las defensas de empresarios y exfuncionarios expongan sus argumentos ante los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli.
Actualmente, la causa reúne a 174 procesados, de los cuales 30 están en calidad de arrepentidos, y comprende más de 540 hechos investigados con 26 calificaciones legales distintas según el rol de cada implicado. Entre ellos, la expresidenta Cristina Kirchner está imputada como jefa de una asociación ilícita.
Las defensas argumentan que un juicio con ese volumen de acusados, que incluye audiencias semanales y la citación de más de 600 testigos, podría extenderse por años, incluso durante las etapas de apelación y revisión en la Corte Suprema. Por ello, solicitaron la opinión de la Unidad de Información Financiera (UIF) y del Ministerio Público Fiscal sobre la propuesta.
Entre los empresarios que se presentaron para buscar el acuerdo económico figuran Benjamín Romero, Hugo Dragonetti, Armando Loson, Roberto Orazi, Enrique Pescarmona, Rubén Valente, Juan Carlos y César De Goycochea, Mario Maxil, Ángelo Calcaterra, Javier Sánchez Caballero, Santiago Altieri y Fabián Ezequiel García Ramón, entre otros.
La figura jurídica de la reparación del daño, prevista en el Código Penal, permite extinguir la acción penal mediante el pago del monto equivalente al perjuicio causado por el delito, evitando así la realización del juicio. A diferencia del juicio abreviado, esta modalidad no exige la admisión de culpa por parte del imputado. En caso de que los jueces acepten la propuesta, los empresarios quedarían sobreseídos.
Durante la sesión, el TOF 7 escucha a los empresarios para que amplíen sus posturas. Posteriormente, intervendrá la fiscal León y se establecerán los plazos para que los magistrados resuelvan la situación.
La investigación original surgió a partir de los cuadernos que Oscar Centeno, chofer de Roberto Baratta, un funcionario clave del ministerio de Planificación bajo la conducción de Julio de Vido, llevaba. En ellos se registraban los viajes realizados por funcionarios para retirar presuntos sobornos pagados por empresarios.
El caso se conformó tras la fusión de varios expedientes, algunos anteriores y otros derivados de las confesiones de los acusados. En la instrucción se determinó la participación de 16 personas que realizaron operaciones por un total de 70 millones de dólares.
A través de empresas offshore, se adquirieron numerosas propiedades inmobiliarias, algunas de las cuales pasaron a manos del Estado. El listado incluye casas, estancias, departamentos y hasta una cochera, ubicados en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Santa Cruz, Tierra del Fuego, así como en Miami y el Caribe.
