El Tribunal Oral Federal 2 desestimó la solicitud de Cristina Kirchner para impedir la ejecución de sus bienes, medida ordenada tras su condena en la causa Vialidad. A su vez, concedió un recurso de Casación para que ese tribunal analice si el índice aplicado para actualizar la suma a devolver es el adecuado, cuestión que la defensa de la expresidenta había cuestionado.

Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso explicaron que la denuncia de arbitrariedad planteada por la defensa se reduce a una discrepancia con la decisión del tribunal de cumplir con lo establecido en la sentencia definitiva, que ordena que las partes paguen el monto determinado, actualizado por el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En sus fundamentos, los magistrados señalaron que “ninguna de las cuestiones introducidas en el escrito bajo análisis logra la tacha de arbitrariedad que nulificaría lo decidido, más allá de exhibir el desacuerdo de esa parte con una tesitura adoptada por esta judicatura en contra de sus intereses”.

Respecto al reclamo por una supuesta aplicación desigual del método de cálculo, los jueces indicaron que calificar un procedimiento como “razonable” no significa que sea ideal, sino que sirvió para atender una necesidad puntual de actualización.

Además, recordaron que el análisis sobre la suma a decomisar fue exhaustivamente revisado en distintas instancias y que la decisión está firme, por lo que no es posible modificarla en esta etapa.

Con firmeza, los magistrados añadieron que “forzar una supuesta excepción dirigida específicamente a una persona -en este caso, Cristina Elisabet Fernández de Kirchner-, es hacer decir a los fallos algo más -y distinto- de lo que dicen”.

En su presentación, Cristina Kirchner volvió a cuestionar el método empleado por los peritos de la Corte para determinar el monto a devolver. Afirmó que la cifra “se tomó como definitiva sin debate previo, afectando el derecho de defensa y el principio de juez natural”.

La expresidente señaló además que no posee bienes que puedan ser ejecutados para cumplir con la intimación y sostuvo: “No tuve ni tengo en mi patrimonio cosas que hayan servido para cometer el hecho enjuiciado en autos, ni tampoco bienes o ganancias que resulten el producto o el provecho del referido episodio, y por ende, sean decomisables”.

La defensa, a cargo de Carlos Beraldi, argumentó que el índice utilizado, basado en el índice de precios al consumidor del INDEC, no fue justificado y es “técnicamente inadecuado”, pues genera valores artificialmente elevados y contrarios a precedentes judiciales. Recordó que en otros casos vinculados a Vialidad se usó la tasa pasiva del Banco Nación, que arrojaría cifras considerablemente menores, por lo que solicitó la suspensión de la medida hasta que exista una sentencia firme sobre el monto.

Finalmente, Cristina Kirchner denunció que la medida representa un trato “desigual y arbitrario” y anticipó que, si lo considera necesario, recurrirá a la Corte Suprema y a organismos internacionales especializados en derechos humanos para revertir la orden.