El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 dispuso el decomiso de los bienes de Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez y otros condenados en la Causa Vialidad.
El monto inicial fijado en la sentencia —que quedó firme el 10 de junio de 2025— era de $84.835.227.378,04, pero fue recalculado a $684.990 millones por peritos oficiales, fiscales y el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema.
Lo resuelto por el tribunal que integran Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso alcanza a 122 bienes inmuebles que fueron identificados por el Ministerio Público Fiscal como instrumentos o productos del delito. O bien como activos incorporados durante el período en que se desarrolló la maniobra fraudulenta, entre mayo de 2003 y diciembre de 2015.
Ante el incumplimiento de los condenados, el tribunal ordenó su ejecución mediante la realización y venta de los activos identificados.
Entre los bienes decomisados se encuentran propiedades de Lázaro Báez y de sociedades vinculadas a su grupo empresario, como Austral Construcciones, Kank y Costilla y Loscalzo y Del Curto, además de terrenos, hoteles y departamentos en Santa Cruz, Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
También se incluye un inmueble a nombre de Cristina Kirchner y un conjunto de bienes cedidos a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner.
La sentencia consideró probada la existencia de un circuito de beneficios indebidos derivados de la adjudicación irregular de obra pública en Santa Cruz, que implicó sobreprecios, cartelización y falta de controles, en favor del empresario Báez.
Ese flujo de fondos públicos, según la Justicia, redundó en un crecimiento patrimonial ilícito que se tradujo en propiedades, inversiones y negocios compartidos con la familia Kirchner.
Los jueces rechazaron los argumentos de las defensas, que habían planteado la falta de nexo causal entre los bienes y el delito, la existencia de sobreseimientos previos por enriquecimiento ilícito y la supuesta afectación de derechos de terceros.
En este contexto, el tribunal dejó constancia de que, una vez efectuada la tasación de los bienes, se comunicará lo resuelto a la Corte Suprema para su eventual afectación al servicio de justicia, y se ordenó su inscripción en la Base General de Datos de Bienes Secuestrados.
Asimismo, se instó a garantizar que los fondos recuperados puedan ser destinados a la reparación del daño social causado, en particular en la provincia de Santa Cruz, cuya infraestructura vial resultó perjudicada por las obras no finalizadas.
