La ciudad de La Plata será escenario este miércoles de una protesta con fuerte carga política y simbólica: estudiantes, docentes y no docentes de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) realizarán una clase pública frente a uno de los domicilios del jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni.
La actividad, impulsada por la Federación Universitaria de La Plata (FULP), busca visibilizar el reclamo por el financiamiento universitario y la defensa de la Ley de Glaciares, en un contexto de creciente tensión entre el sistema universitario y el Gobierno nacional.
La convocatoria está prevista en la esquina de 6 y 48, en pleno centro platense, y se desarrollará en dos tramos consecutivos que combinarán exposiciones académicas, debate político y una posterior movilización. En esa esquina está el departamento del funcionario y frente a él la Facultad de Ciencias Económicas donde el funcionario libertario tuvo un magro desempeño académico y abandonó la carrera a los pocos años.
La protesta: universidad, soberanía y ambiente en el centro del reclamo
La jornada comenzará a las 12 con una primera clase pública titulada “Malvinas, Universidad y Soberanía”, organizada por la FULP. Allí expondrán Juan Cisilino, Ariadna Alippi y Gabriela Fernández, en un formato abierto que busca recuperar el rol de la universidad pública en la construcción de pensamiento crítico y en la defensa de causas históricas como la soberanía nacional.
A partir de las 13.30 tendrá lugar una segunda instancia, coordinada por la Secretaría de Coordinación de la FULP, centrada en la Ley de Glaciares y la defensa del agua. En este bloque participarán docentes, adscriptos y referentes de la agrupación ambiental Alerta Roja. La actividad incluirá un debate abierto que culminará con una movilización hacia el Congreso de la Nación.
Según explicaron los organizadores, el objetivo central es denunciar la falta de implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada y ratificada en el Congreso pero —según sostienen— no aplicada por el Gobierno nacional. En ese marco, la elección del domicilio de Adorni no es casual: buscan interpelar de manera directa a uno de los funcionarios más visibles de la administración libertaria.
El formato de clase pública no es nuevo en el ámbito universitario argentino, pero en este caso adquiere una dimensión particular al trasladarse frente a la vivienda de un alto funcionario nacional, en lo que algunos sectores ya califican como un “escrache político”.
El antecedente en CABA: una modalidad que se replica
La protesta en La Plata no surge en el vacío. En las últimas semanas, distintas expresiones del movimiento universitario llevaron adelante acciones similares en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se realizaron clases públicas, tomas simbólicas y movilizaciones frente a edificios públicos.
Estas iniciativas se enmarcan en un conflicto más amplio entre el Gobierno nacional y las universidades públicas, que vienen denunciando recortes presupuestarios, falta de actualización en los salarios docentes y una situación crítica en materia de funcionamiento institucional.
En ese contexto, la modalidad de la clase pública se consolidó como una herramienta de visibilización: permite trasladar el debate académico al espacio público y generar impacto mediático sin recurrir necesariamente a medidas de fuerza más disruptivas.
La elección de domicilios particulares o lugares vinculados a funcionarios marca, además, un endurecimiento en las estrategias de protesta, con un claro componente de personalización del conflicto.
Cómo es el departamento de Adorni en La Plata
El lugar elegido para la protesta está directamente vinculado a uno de los bienes declarados por Manuel Adorni: un departamento ubicado en las inmediaciones de 6 y 48, que el funcionario recibió como donación en 2016.
Según los registros oficiales, la propiedad fue transferida a su nombre por su madre, Silvia Pais, mediante ese mecanismo. En su declaración patrimonial figura con una valuación fiscal de $1.169.256, lo que equivale a una cifra considerablemente menor a su valor de mercado, estimado en más de 100.000 dólares.
Esta diferencia entre valuación fiscal y valor real es habitual en el mercado inmobiliario argentino, aunque en este caso cobra relevancia en el marco de las discusiones sobre el patrimonio del funcionario.
De acuerdo con datos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el inmueble no registra deudas en concepto de impuesto inmobiliario, cuyo monto ronda los $10.000 bimestrales.
Un dato llamativo es que en la declaración jurada presentada en 2024, cuando aún se desempeñaba como vocero presidencial, Adorni consignó un domicilio en calle 50, lo que abre interrogantes sobre el uso efectivo del departamento ubicado en 6 y 48.
La investigación judicial: patrimonio en la mira
La protesta universitaria se produce en paralelo a una investigación judicial que tiene como protagonista al propio jefe de Gabinete. La Justicia federal avanza en una causa por presunto enriquecimiento ilícito, en la que se busca determinar si el crecimiento patrimonial de Adorni se corresponde con sus ingresos declarados.
El fiscal Gerardo Pollicita solicitó una serie de medidas de prueba que incluyen informes sobre propiedades, movimientos económicos y viajes al exterior. Entre otras acciones, pidió un historial completo de dominio de los inmuebles vinculados al funcionario y requirió información a la Dirección Nacional de Migraciones.
Uno de los focos de la investigación está puesto en reconstruir los viajes internacionales de Adorni, incluyendo posibles estadías en destinos como Aruba y Punta del Este, con el objetivo de establecer quién financió esos traslados.
Además, la Justicia analiza transferencias, escrituras e hipotecas relacionadas con sus bienes, así como operaciones que involucren a su entorno cercano, incluyendo a su esposa y allegados.
El crecimiento patrimonial del funcionario es uno de los ejes centrales del expediente: en 2023 declaró bienes por $11.600.000, cifra que ascendió a $61.000.000 al finalizar ese mismo año. Para 2024, su patrimonio superó los $100.000.000, marcando un incremento sostenido en un corto período de tiempo.
En su declaración figuran al menos dos propiedades —una en La Plata y otra adquirida recientemente—, además de un departamento en el barrio porteño de Caballito que también generó controversias. A eso se suman dos vehículos, entre ellos un Jeep Compass Sport modelo 2021.
El documento también consigna deudas hipotecarias y préstamos no bancarios, un aspecto que despertó interrogantes sobre el origen de los fondos utilizados para la adquisición de bienes.
La confluencia entre la protesta universitaria y la investigación judicial configura un escenario de alta exposición para Manuel Adorni. Mientras en la calle se multiplican los reclamos por el financiamiento educativo y la política ambiental, en los tribunales se intenta reconstruir la evolución de su patrimonio.
En ese cruce entre política, universidad y Justicia, la clase pública frente a su domicilio aparece como un nuevo capítulo de un conflicto que promete seguir escalando en los próximos días.
