Luego de que el presidente Javier Milei regresara de su gira por España, donde presentó su nuevo libro y participó de un acto de Vox, el bloque de Diputados de la Coalición Cívica ARI presentó un proyecto para transparentar el uso de aviones estatales y prohibir su utilización personal y/o electoral.
La visita del mandatario a Madrid no revistió un viaje de carácter oficial ni de Estado: Milei no se reunió con funcionarios del gobierno español, y para la Coalición Cívica aseguraron que “el uso personal y político de las aeronaves públicas es una práctica consolidada desde hace años a la que Milei no debería plegarse”.
«Desde Cristina Kirchner que se hacía llevar los diarios a Río Gallegos en el Tango 03 y viajaba en el avión de (la empresa estatal) YPF hasta los gobernadores que utilizan los aviones sanitarios como si fueran propios, la política desvía recursos que deberían estar al servicio de la función pública», señaló el legislador Juan Manuel López a través de su cuenta de X, y agregó que estos hechos fueron posibles por “la ausencia de una norma que transparente y obligue a rendir cuentas”, motivo por el cual se decidió presentar el proyecto de ley titulado “Régimen de uso de las aeronaves públicas”.
El objetivo de la norma es optimizar la gestión de las naves estatales y garantizar su disponibilidad para la prestación efectiva de servicios públicos, y también incentivar un uso más responsable de las mismas.
Entre otras ideas, el proyecto propone la creación del “Registro Nacional de Aeronaves Públicas” en el ámbito de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) donde se registrarán las aeronaves pertenecientes al Estado Nacional y los vuelos con ellas, el cual será de carácter público.
Así mismo, las jurisdicciones o entidades del Estado Nacional deberán inscribir y mantener actualizada en este registro la información correspondiente a las aeronaves públicas que tuvieran afectadas detallando el modelo, clase, capacidad de pasajeros, fecha de adquisición, monto, destino o función asignada, y el estado de disponibilidad para su utilización.
En esa línea, el proyecto estipula que las aeronaves deberán ser “empleadas exclusivamente para los fines autorizados” y podrán ser “utilizadas por los funcionarios autorizados de la jurisdicción o entidad que tenga afectado su uso”. También prevé el uso con «carácter de excepción» por razones “debidamente fundadas” de las aeronaves públicas para un fin distinto a los previstos o cedidas con cargo a terceros o a otras jurisdicciones o entidades.
