En un clima político tenso, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se presentó ante la el Senado para defender el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada impulsado por el Gobierno y anunciado por Javier Milei el 1° de marzo, durante la apertura de sesiones ordinarias.
El funcionario volvió a enfrentarse con la bancada kirchnerista que encabeza José Mayans, que en reiteradas oportunidades había deslizado la posibilidad de impulsar su interpelación.
Sturzenegger asistió acompañado por parte de su equipo: el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne; el subsecretario de Producción Agropecuaria, Manuel Chiappe; el secretario de Transformación del Estado, Maximiliano Fariña; el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace; el presidente del Registro de la Propiedad Inmueble, Bernardo Mihura; y la subsecretaria de Asuntos Legales y Técnicos de la Secretaría de Legal y Técnica, Paula Taddei.
El encuentro tuvo carácter informativo, por lo que no se avanzó con la firma de dictamen, una instancia que podría concretarse recién la próxima semana. Sin embargo, la presencia del ministro se dio en un momento complejo para el Ejecutivo, atravesado por las investigaciones sobre la situación patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la causa $LIBRA.
Durante su intervención, el ministro sostuvo que la iniciativa busca “remediar” un conjunto de normativas que, según el Ejecutivo, vulneraron históricamente el artículo 17 de la Constitución Nacional, el cual establece que “la propiedad privada es inviolable y ningún ciudadano puede ser privada de ella”.
En ese sentido, argumentó que la falta de garantías sobre los derechos de propiedad ha sido un obstáculo estructural para el desarrollo económico del país. “Si pensamos en todas las cosas extraordinarias que tiene nuestro país, el único insumo que Argentina nunca pudo poner sobre la mesa es el respeto a los derechos de propiedad. Por ejemplo, tenemos tantos recursos mineros pero nadie vino a explotarlos porque no había certezas sobre los derechos de propiedad”, señaló. Además, definió a este principio como “la base y pilar fundamental del crecimiento económico”.
Las criticas impulsadas por Mayans
José Mayans, quien apuntó con dureza contra el ministro y la gestión nacional. “Se jactan de haber echado a casi 70 mil personas de la administración pública. Devastaron los fondos fiduciarios para los desarrollos provinciales. Hicieron estragos en materia económica y este señor (Sturzenegger) es responsable. Estamos viendo una caída brutal del empleo, una pobreza dañada en la credibilidad, una caída de la industria, un endeudamiento brutal de familias y empresas, y un alto grado de corrupción en el Gobierno”, lanzó.
El senador formoseño también puso en duda la consistencia del proyecto: “no es creíble para presentar ningún proyecto”, sostuvo. Y cerró con una pregunta directa vinculada a las investigaciones sobre Manuel Adorni: “¿Usted cree que el jefe de Gabinete financió sus departamentos con seis jubiladas, a razón de 100 mil dólares por cada jubilada? Si lo cree, quiere decir que tiene credibilidad este proyecto".”
Las modificaciones que propone el proyecto
El proyecto contempla modificaciones en distintos frentes: cambios en el régimen de expropiaciones y desalojos, la eliminación de restricciones a la compra de tierras rurales por parte de capitales extranjeros, reformas a la Ley de Manejo del Fuego para habilitar el cambio de uso de suelo en terrenos incendiados y la transferencia a provincias y municipios de la regularización de barrios populares incluidos en el Renabap.
Sobre la Ley de Tierras, Sturzenegger precisó: “La ley actual de tierras dice que la compra es libre en tanto sea de menos de mil hectáreas. Proponemos acá que, para el sector privado que viene a labrar la tierra y producir, no haya una restricción”.
También cuestionó la extensión de ciertas regulaciones ambientales sobre la actividad productiva. “Para una producción agropecuaria es un dislate extender el concepto y afectar la propiedad privada durante 30 años sin poder hacerle ninguna modificación”, afirmó.
