La Sala II de la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata confirmó la elevación a juicio oral para el ex funcionario bonaerense Eduardo Aparicio por la muerte de un socio de un club de fútbol de La Plata quien perdió la vida en el marco de una feroz represión policial provincial que estaba al mando del entonces ministro de Seguridad, Sergio Berni, uno de los funcionarios de máxima confianza que tuvo el gobernador Axel Kicillof.

Aparicio era el titular de la Agencia Provincial contra la Violencia en Espectáculos Deportivos (Aprevide), un organismo que depende de la cartera de Seguridad y respondía directamente al ex ministro Berni, que en la actualidad es senador provincial y “Rector del Instituto Universitario Policial Juan Vucetich”, según detalla en su cuenta de la red social Instagram.

La resolución judicial se dio a conocer luego de que el ex ministro reivindicó la labor de sus subordinados en lo que debería haber sido una noche de fútbol y paz. “Si ese día, la Policía no actúa como tenía que actuar, y no hacía lo que tenía que hacer, todavía estaríamos lamentando la cantidad de muertos… hubiera sido peor que La Puerta 12”, aseguró Berni en diálogo con Radio Con Vos.

El expediente se abrió en la noche del 6 de octubre de 2022 en el marco de partido que disputaron los clubes Gimnasia y Esgrima La Plata que recibió a Boca Juniors. Por motivos que se intentan establecer cientos de personas pugnaban por ingresar al estadio del Bosque, pero las puertas estaban cerradas porque la capacidad del mismo estaba casi colmada. En ese marco los hinchas comenzaron a tirar piedras al personal policial que respondió con una batería de gases lacrimógenos y balas de goma.

En ese marco falleció el hincha y socio de Gimnasia, César “Lolo” Regueiro. También perdió un ojo el socio Rodrigo Arballo y su novia recibió varios impactos de balas de goma por la espalda y cientos de personas con problemas respiratorios que con el correr de las horas se recuperaron. Esta reciente resolución judicial le da musculatura a la millonaria demanda de los heridos en sede Civil que cuenta con al patrocinio de los letrados Gustavo Galasso y Ezequiel Funes quienes responsabilizan de lo ocurrido al Estado provincial, al club Gimnasia y a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), entre otros.

Del operativo de seguridad en el estadio tomaron parte 320 efectivos policiales. El agente Fernando Nahuel Falcón, manifestó que «comienza todo, una vez que el jefe de servicio ordena el cierre de puertas porque Aprevide le comunica que monitoreo informa que la capacidad del estadio estaba completa». Aparicio, titular del organismo, estaba en el estadio.

Tras la represión, la Policía Bonaerense fue desplazada de la investigación. En su lugar, arribaron expertos de la Policía Federal Argentina que levantaron «450 vainas servidas de cartuchos anti tumultos». Según una resolución de Asuntos Internos, el capitán Martín Mercado del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) «habría arrojado de manera imprudente y sin justificación alguna, una bomba de gas lacrimógeno y otra de humo, las que se habían dispersado por el campo de juego, provocando graves consecuencias a las personas que se encontraban en el interior del estadio».

Un testigo refirió que los disturbios comenzaron en la puerta 21 que está del lado del Bosque donde un grupo de entre 500 y 800 personas pugnaban por entrar el estadio.

Junto con Aparicio fueron enviados a juicio los comisarios Juan Manuel Gorbarán (a cargo del operativo de seguridad), Sebastián Perea, titular de la Jefatura Departamental de La Plata y el expresidente del club Gabriel Pellegrino, todos procesados por estrago culposo.

UN EXPEDIENTE QUE QUEMA

De la investigación surgen qué obligaciones se le imponen al organizador del evento, es decir al club anfitrión, al “Jefe del Operativo” y a su supervisor (Perea y Gorbarán) y a la Aprevide (Aparicio). “A modo de ejemplo, las normas disponen medidas para evitar la emisión de mayores entradas que el aforo permitido, que se diagrama en medidas de seguridad adecuadas previo determinar la peligrosidad del partido y el riesgo propio del estadio, y que se evalúe bajo éste último parámetro el horario del encuentro, su ubicación y la forma de vender las entradas-y cómo deben confeccionarse-; entre otras circunstancias” razonó el fiscal. Pero “no solo en ese punto se incurrieron en incumplimientos voluntarios, sino que también antes y durante el encuentro se procedió de forma negligente e imprudente”.

“Así, de un lado se vendieron mayores entradas de las que permitía el estadio, al propio tiempo se dispuso que se lleve a cabo en un lugar y en un horario inadecuado considerando las expectativas, no habiendo realizado correctamente la evaluación del riesgo, a la par que se permitieron la utilización de elementos de disuasión de forma tal que tuvieron un alcance masivo respecto de personas que no podía evitarlo, lo que conllevó a lesiones a miles de personas”, aseveró Menucci, quien considera que “corresponde evaluar no sólo el accionar individual del personal policial que se excedió en el uso de las armas largas provistas para la contención (efectuando disparos a objetivos individuales cuando éstos no configuraban una amenaza) así como también de aquellas personas que, más allá del contexto, agredieron mediante gran cantidad de objetos contundentes a parte del personal policial que custodiaba los accesos al estadio”.

Los cuatro nuevos procesados realizaron aportes “negligentes” o “imprudentes” que derivaron en el resultado lesivo, “como si todos pusieran una piedra sobre una superficie de cristal que por sí sola no lo rompería pero en conjunto vence su resistencia”, graficó. “Todos y cada una de las personas sindicadas actuaron violando los deberes a su cargo, antes y durante el encuentro deportivo, ya que fueron los responsables de su organización; e inclusive algunos actuaron de forma negligente durante su desarrollo”.

EL ROL DEL EX FUNCIONARIO DE BERNI Y KICILLOF

Esa noche el funcionario estuvo en el estadio ejerciendo su rol de Secretario Ejecutivo de la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte, organismo cuyos objetivos son “la seguridad de los espectáculos deportivos en toda la provincia de Buenos Aires, “protección de la vida, la integridad física, la salud y los bienes de las personas, con motivo o en ocasión de la organización, habilitación o desarrollo de todo espectáculo deportivo” y “la adopción de las medidas necesarias para el logro de los referidos objetivo”.

La norma establece que el titular de la Aprevide debe disponer “todas aquellas medidas previas, concomitantes y posteriores que considere pertinentes para garantizar la seguridad de los espectáculos deportivos que se desarrollen en ámbito territorial de la Provincia de Buenos Aires, también “planificar, coordinar, controlar y evaluar la ejecución de las medidas dispuestas tendientes a garantizar la seguridad en los espectáculos deportivos” y “elaborar orientaciones y recomendaciones a las asociaciones deportivas y las instituciones afiliadas a las mismas en aquellos espectáculos en los que razonablemente se prevea la posibilidad de actos violentos”.

También se puntualiza expresamente como acciones del Secretario Ejecutivo: “Recopilar y analizar todo tipo de información vinculada con los espectáculos deportivos especialmente la referida a episodios de violencia, ámbitos en que ocurren o pudieren ocurrir, instituciones afectadas o involucradas y personas relacionadas a los mismos”. También debe “coordinar con las personas y entidades involucradas en la organización de espectáculos deportivos, políticas y medidas adecuadas de prevención de hechos violentos y generar ámbitos de análisis, debate y concertación de las mismas”. En otro orden es su función “disponer todas aquellas medidas previas, concomitantes y posteriores que considere pertinentes para garantizar la seguridad de los espectáculos deportivos”.

Para el fiscal Juan Menucci la presencia de Aparicio en la cancha de Gimnasia es “innegable” y “por una cuestión de relación jerárquica incuestionable no pudo delegar el cumplimiento de sus funciones a terceros, pues si se ejerce no se está delegando”, lo que coloquialmente se entiende como “donde manda capitán no manda marinero”.

“Aparicio ha obrado en incumplimiento de los deberes a su cargo, especialmente en lo que concierne a la evaluación del riesgo del partido, ya que de allí se desprende la necesidad y cantidad de recursos a disponer para su normal desarrollo. Nótese que, a la fecha, y pese haber sido solicitado, no se cuenta con la proyección de riesgo que debió realizarse del encuentro”, reveló el representante del Ministerio Público.

Al propio tiempo como cabeza de la Aprevide tenía la facultad de «solicitar a los poderes públicos los recursos necesarios de seguridad tendientes a frenar cualquier manifestación violenta o desbordamiento en las inmediaciones, dentro del estadio y a lo largo de las vías de acceso al mismo».